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Para el Cree, deben brindarse señales de inversión claras, garantizar contratos estables, e implementar políticas públicas que incentiven la inclusión de más fuentes
Nuevas proyecciones sobre el balance de energía eléctrica apuntan a que desde 2027 y 2028 la demanda será superior a las fuentes existentes, así lo reveló el Centro Regional de Estudios de Energía, Cree.
Según datos de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme, y XM, las fuentes existentes, sumadas a los componentes termoeléctricos, solar y eólico, serían inferiores a la demanda media proyectada hasta 2037. Cabe señalar que esta demanda de energía será creciente hasta esa fecha; sin embargo, las fuentes tendrán un crecimiento inferior.
El organismo señaló que es importante generar políticas públicas que incentiven el aumento de nuevas fuentes de energía con el fin de poder garantizar el servicio.
Pero lo anterior no solamente impacta al mercado eléctrico, sino que también el gas está en riesgo. Según las cifras, el faltante de este hidrocarburo comenzó en 2024, y desde entonces se ha importado gas natural licuado desde la Sociedad Portuaria El Cayao, Spec, filial de Promigas, localizada en Cartagena.
Este déficit de gas aumentará según las proyecciones hasta 2028 y continuará hasta 2030, de acuerdo con las previsiones del Cree.
Lo anterior no solo podría tener impacto en las tarifas de energía, sino que también afectaría el Producto Interno Bruto, con base en estudios de Fedesarrollo.
El centro de estudios energéticos manifestó que los hogares sin acceso a los servicios energéticos son más vulnerables.
“La clave es equilibrar la ambición climática con el realismo económico y social, aprovechando la oportunidad que tiene el país a 2030 para preparar una transición adecuada”.
Pero independientemente del servicio de energía o de gas, en Colombia la brecha energética sigue siendo significativa. A corte de 2023, las viviendas sin servicio eléctrico superaban 1,3 millones, de los cuales más de 1,2 millones estaban en zonas rurales, mientras que en los territorios urbanos la cifra fue de poco más de 146.000 viviendas.
Para el Cree, lo que debe hacerse es brindar señales de inversión claras, garantizar contratos estables, es decir, estabilidad regulatoria y fiscal, implementar políticas públicas que incentiven la inclusión de más fuentes de energía y acelerar los proyectos que, a su vez, impactan no solo en la oferta, sino también en los precios.
También se señaló que, aunque en abril la deuda pública con las empresas de energía se ubicó en $7,6 billones, a septiembre esta cayó a $5,9 billones, de esta deuda, 42% corresponde a la opción tarifaria, equivalente a $2,5 billones, además de subsidios y otros conceptos.
Para el organismo, el sistema debe financiarse adecuadamente. También debe replantearse la transición energética, pues las metas de sostenibilidad para 2030 no serían posibles de cumplir. Asimismo, se indicó que es necesario trabajar con el sector privado con el fin de asegurar la inversión y la entrada oportuna de nuevos proyectos.
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