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Se espera que Panamá entregue en enero de 2026 los estudios de impacto ambiental necesarios, mientras Colombia ya ha avanzado en su parte regulatoria
El proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, que propone una línea de alta tensión de 500 kilómetros con capacidad para transportar 400 MW, se enfrenta actualmente al problema de que Colombia ya no dispone de excedentes energéticos exportables, lo que pone en riesgo la viabilidad de esta iniciativa. Desde su origen, este megaproyecto ha transitado décadas de avances y retrocesos, reflejando tanto el interés de los gobiernos como los obstáculos técnicos, ambientales y administrativos que lo acompañan.
Aunque existe una larga historia de acuerdos y memorandos entre ambos países, uno de los primeros desde 2003, especialistas como Amylkar Acosta señalan que la falta de continuidad política, las demoras en la regulación y la dificultad para aprobar licencias ambientales y permisos en Panamá han sido barreras persistentes. La capacidad de Colombia para exportar depende de destrabar los proyectos de generación y transmisión atrasados; hasta entonces, advierten, no podrá sostener un mercado excedentario.
Actualmente, Colombia ha establecido un cronograma para llevar al proyecto a un punto de no retorno. Se espera que Panamá entregue en enero de 2026 los estudios de impacto ambiental necesarios, mientras Colombia ya ha avanzado en su parte regulatoria, en esquemas de remuneración, y en la conformación de mesas técnicas para responder a los requerimientos ambientales y sociales. También ha habido espacios de diálogo con comunidades étnicas para las consultas previas.
En el gobierno colombiano, autoridades como el Ministro de Minas y Energía han manifestado disposición para trabajar en conjunto con Panamá para alinear las normas, acelerar los trámites y cerrar los vacíos que obstaculizan el desarrollo del proyecto. No obstante, pese a la voluntad expresada, expertos insisten en que queda un camino amplio por recorrer: definir derechos y obligaciones de los actores, resolver cómo se remunerará la inversión, ultimar la regulación y construir la propia infraestructura.
Desde la perspectiva panameña, se subraya la importancia de la confianza mutua, de reglas claras y de un marco normativo que permita decisiones regulatorias coherentes. Se espera que la interconexión eléctrica sea no solo un enlace técnico, sino un símbolo de integración regional que proporcione energía segura, sostenible y asequible para ambos países.
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