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De acuerdo con el Contralor de Bogotá, Diego Ardila, de no solucionarse la suspensión de la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), se habría pérdidas de $224.000 millones, dinero que le ha invertido el Distrito al proyecto desde 1996.
Así mismo, destacó las pérdidas que competen al Gobierno Nacional, que ascenderían a una suma superior a $80.000 millones. Ardila le informó al alcalde Gustavo Petro que en un término de 10 días hábiles debe expresar las acciones que implementará para resolver la problemática existente relacionada con la continuidad del proyecto de construcción de la ALO.
Sobre los procesos de restitución de cinco predios, dijo Ardila, si bien es cierto que ya habían sido adquiridos para el trazado, 'también lo es que los mismos han sido objeto de ocupaciones por la falta de control del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Lo mismo ocurre con los 216 inmuebles propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EaaB), de los que advirtió 'que se encuentran invadidos por desarrollos de origen subnormal y ocupados por familias dedicadas al reciclaje'.
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