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Rafaela Cortés Zambrano, presidenta del Consejo Directivo de la FND
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Sobre la situación de las EPS en intervención, la FND apuntó que las deudas a los hospitales públicos alcanza $10,6 billones
Luego del anuncio de la iniciativa del gobierno sobre liquidar las EPS en quiebra, la Federación Nacional de Departamentos se refirió al planteamiento y señalaron que afectaría la prestación del servicio de salud y a la red hospitalaria del país.
La FND explicó que la decisión carece de un plan de transición territorial para proteger los hospitales públicos y la prestación del servicio para los habitantes. Agregaron que más allá del riesgo financiero y administrativo, liquidar las EPS arriesga la continuidad real de la atención de pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o que dependen de tratamientos permanentes.
Sobre la situación de las EPS en intervención, la FND apuntó que las deudas a los hospitales públicos alcanza $10,6 billones. En este sentido, si seis de las ocho entidades intervenidas efectivamente es liquidada, habría una cartera irrecuperable de entre $3,6 y $4,5 billones (equivale a entre 33% y 47% de la cartera disponible para la red pública).
“Los gobernadores reconocemos la gravedad de la crisis financiera de las EPS intervenidas y no ignoramos que muchas de ellas no son sostenibles. Pero lo que está en juego no es solamente el futuro jurídico de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas que no cuentan con respaldo territorial", señaló Rafaela, Cortés, presidente del Consejo Directivo de la FND.
En pro de que el proceso de liquidación sea acorde con principios de viabilidad, legitimidad y constitucionalidad, la Federación Nacional de Departamentos compartió ocho requerimientos.
Se incluye una mesa de coordinación nación-territorio para diseñar un diagnóstico de impacto y un plan de contingencia específico por departamento; la protección de la cartera hospitalaria pública con mecanismos legales vinculantes (fondos de garantía o compra de cartera); la transparencia en medicamentos y el giro directo y la garantía de una atención integral.
Sobre la situación de Nueva EPS, solicitaron emitir un instrumento jurídico que precise el monto, cronograma y fuente de pago de la deuda que el Estado reconoce como copropietario de la Nueva EPS (estimada en $6,04 billones con hospitales públicos). Sobre Savia Salud y Capital Salud, pidieron que se aclarara que los departamentos no pueden asumir unilateralmente las deudas de socios privados ante la falta de recursos.
No podemos permitir que el sistema de salud sea transformado de manera radical en el último año de Gobierno, sin un plan técnico verificable, sin consultar a los territorios y sin proteger a los hospitales públicos que son los únicos que atienden a los colombianos más pobres cuando las EPS fallan”, agregó Cortés.
La solicitud se hace en vista de que "las decisiones sobre quiénes tendrán la responsabilidad de proteger al presidente electo, deben responder a la política de seguridad que se definirá"
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