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Detrás de las aseguradoras que serían borradas del mercado, hay 10 cajas de compensación, una multinacional, tres cooperativas y hasta organizaciones indígenas
El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva directriz que cayó como un balde de agua fría entre los diversos agentes que participan en el Sistema Público de Salud: liquidar las EPS que él define como “quebradas”.
Si se mira desde el punto de vista de insolvencia, hay 15 aseguradoras cuyo patrimonio está en rojo porque las deudas superan sus activos. Con la posible liquidación, los que perderían en las sociedades son los dueños que pusieron el capital inicial para constituirlas.
“La Nueva EPS será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda y el Gobierno pagará la deuda que le pertenece a sus acreedores a través de Adres”.
“Estamos apenas evaluando la propuesta. El activo ya no está en nuestros estados financieros. La que perdería es la región; Savia es un activo social”
Sin contar a Nueva EPS, dado que el Gobierno tendría intención de mantenerla a flote, en la potencial lista de propietarios afectados hay 10 cajas de compensación, una multinacional como Grupo Keralty, tres entidades de la economía solidaria y tres organizaciones indígenas.
A partir de la Ley 100 de 1993, con la que se promulgó la universalidad en el acceso a la salud, muchas cajas de compensación familiar habilitaron sus propias EPS, una iniciativa que veían como extensión de la responsabilidad con los trabajadores y sus beneficiarios.
Fue así como a mediados de los 90 y principios de los 2000, las cajas más grandes -por su número de afiliados- crearon sus aseguradoras para el sistema público. Hoy, casi tres décadas después, y en línea con su patrimonio negativo, tendrían que desaparecer Famisanar, cuyos dueños originales son Colsubsidio y Cafam; SOS, creada por Comfandi, Confamiliar Risaralda, Confamiliares Caldas y Comfenalco Quindío; Compensar EPS, Comfenalco Valle EPS y Comfachocó EPS, que llevan el mismo nombre de las cajas que las fundaron.
En este canasto también entraría Savia Salud, aunque Petro le puso un condicionante que, eventualmente, podría salvarla: que sus propietarios paguen las deudas pendientes, ¿y quiénes son sus dueños? La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama.
David Escobar, director de la caja mencionada arriba, indicó que, por ahora, sigue en evaluación la orden emitida por el presidente, pero dejó en claro que el activo ya no se encuentra en los estados financieros. Al preguntarle si la potencial liquidación se traduciría en una pérdida para Comfama, respondió: “La que perdería es la región; Savia Salud es ante todo un activo social”.
Solo entre las EPS fundadas por estas cajas hay un universo de más de siete millones de afiliados al sistema de salud que, según el Gobierno, recalarán en las aseguradoras que queden en pie, aunque eso implique un traslado del riesgo.
La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas, advirtió que acabar con las EPS que adolecen de insolvencia no solucionaría la falla estructural del sistema. Por el contrario, transmitiría la presión financiera a las entidades receptoras, pues deberán encargarse de una nueva población que llega con necesidades y exige más recursos para la atención efectiva.
En la “lista negra” también estaría EPS Sanitas, que hace parte del portafolio de Grupo Keralty, jugador de origen español con fuerte presencia en Colombia y en expansión dentro de mercados como el estadounidense y el asiático.
Este conglomerado ha sido el que más réplicas públicas ha hecho al Gobierno frente a las intervenciones, y la Corte Constitucional ordenó el año pasado devolverle el control de Sanitas que, según alega, sufrió un deterioro financiero que no exhibía antes de la toma de control por parte de la Superintendencia de Salud.
En la conversación también entran Emssanar, Asmet Salud y Coosalud, todas constituidas por asociados en el marco de la economía solidaria. De acuerdo con los datos conocidos por este diario, solo en Coosalud son 5.000 los asociados que verían diluida la EPS que tuvo su génesis en Cartagena y que hace parte de las seis intervenidas.
Finalmente, hay tres Entidades Promotoras de Salud Indígena, Epsi, que también serían borradas del mapa: Mallamás, Dusawaki y AIC, todas ellas fundadas por asociaciones nativas.
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