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ENERGÍA Falta un año para conocer a los inversionistas - operadores de Electricaribe
sábado, 1 de diciembre de 2018

Gobierno asumirá el pasivo pensional

Heidy Monterrosa Blanco

Después de dos años intervenida, la búsqueda de un inversionista-operador para Electricaribe no ha dado resultados positivos y todo indica que deberá transcurrir un año más para conocer quiénes se encargarán de la distribución y comercialización de energía en la región.

Debido a que solo Enel presentó la documentación necesaria para pasar a la etapa de precalificación, el presidente Iván Duque anunció que el proceso se reiniciará en el primer trimestre de 2019. Se espera que en el segundo y tercer trimestre se lleve a cabo la etapa de precalificación de los proponentes, los procesos de análisis y la recepción de ofertas, y que en el cuarto trimestre se conozca a los nuevos operadores.

Vale la pena destacar que la participación de la empresa italiana no estaba en firme, pues no solo tienen una participación de 24% en el mercado colombiano a través de su filial Codensa, sino que su presidente ejecutivo, Francesco Starace, destacó que se aventurarían a invertir en Electricaribe si encontraban un socio local con quien se podrían repartir la distribución y comercialización.

Para el nuevo proceso de búsqueda que inicia el otro año, el Gobierno estudiará cuáles son las características que deben cumplir los interesados. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, señaló que por el momento se tienen dos aspectos claros.

“El operador debe tener experiencia en la distribución de energía y contar con la suficiente capacidad financiera para hacer las inversiones necesarias en la red, que son de tres a cuatro veces lo que invirtieron los antiguos operadores”, dijo.

Para mejorar el servicio y atraer más proponentes a la puja por la empresa, la propuesta del Gobierno contempla asumir el pasivo pensional de Electricaribe a largo plazo por $1,2 billones, lo que protegería a los trabajadores y extrabajadores de la electrificadora y mejoraría su estructura financiera. Para que la Nación se encargue de estos pasivos, el legislativo deberá autorizarlo.

“Si el Gobierno no toma la decisión de asumir el pasivo pensional, no se podría hacer atractiva la empresa. Estos recursos se recuperarán cuando se haga una subasta y Electricaribe se venda”, mencionó el senador José David Name.

Otra de las propuestas es segmentar en dos o tres el mercado con base en criterios técnicos, financieros y de equidad, pues este concentra a 26% de la población nacional. Además, la ministra Suárez explicó que en el proceso anterior, entre los comentarios de las siete firmas que analizaron la oportunidad de inversión estuvo que el mercado de la Costa Caribe es muy grande.

Durante el año en el que se realizará el proceso de búsqueda, Electricaribe invertirá entre $500.000 millones y $700.000 millones en el mejoramiento del servicio y en infraestructura, la cual tiene un rezago de 10 años. Estos recursos serán posibles por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que emitió un concepto favorable para que la Nación dé garantía de este dinero.

LOS CONTRASTES

  • María Fernanda SuárezMinistra de Minas y Energía

    “Entiendo la preocupación de que el proceso se extienda un año más, pero lo más importante es que en este tiempo se harán las inversiones que el sistema necesita”.

  • Ángela MontoyaPresidente de Acolgen

    “Aplazar la búsqueda del operador fue lo más responsable. Con las decisiones concretas que tomó el Gobierno se podrá buscar en el país y por fuera empresas interesadas”.

En la estrategia del Gobierno también está la posibilidad de revisar los topes de participación en el mercado, que podrían pasar de 25% a 35%.

“Vamos a estudiar los límites en el marco de la regulación, el comportamiento del mercado y la supervisión”, dijo la ministra, quien agregó que esta es una situación excepcional por lo que se requiere flexibilizar las reglas y mirar nuevas opciones para que más empresas nacionales e internacionales se interesen en participar.

Tanto para Name, como para la presidenta de Acolgen, Ángela Montoya, el plan del Gobierno muestra voluntad política para darle una solución de fondo a la situación de la empresa, pues se plantearon estrategias políticas y financieras concretas con unos plazos definidos.

“Aplaudimos las decisiones porque son necesarias para solucionar una prestación de servicios inadecuada”, destacó Montoya.

Respecto a la posibilidad de revisar los límites, la dirigente gremial solicitó estudiar a fondo la propuesta y cautela para que no haya una concentración del mercado de manera horizontal ni vertical.

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