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El DNP y el Dane confirmaron que convocarán a una misión de expertos que evalúe el instrumento de estratificación socioeconómica que tiene el país.
Una pregunta tan inocente como ¿dónde vives? puede ser decisiva para conseguir un trabajo, entrar en la universidad o encajar en un determinado círculo social en Colombia, donde los hogares se dividen desde hace más de tres décadas en estratos que van del 1 al 6. En este sistema único en el mundo, los ciudadanos que habitan en los más bajos, el 1, 2 y 3, reciben subsidios de servicios (agua, gas y energía) mientras que los usuarios de los altos, el 5 y el 6, contribuyen con estas ayudas en sus facturas, y el 4 ni paga sobrecosto ni recibe ayuda.
Sin embargo, si bien la estratificación socioeconómica se ideó para focalizar los subsidios de los servicios públicos domiciliarios hacia las personas más desfavorecidas, este sistema de clasificación se ha convertido en un instrumento que acentúa la desigualdad y la segregación en un país en donde más de 13 millones de personas son pobres.
Y es que, como solo se tienen en cuenta las características físicas de las viviendas y su entorno, se presentan problemas de focalización en la asignación de las ayudas. Esto se da porque actualmente hay personas de estratos 1, 2 y 3 que fueron avanzando y ahora tienen ingresos suficientes para no recibir este tipos de subvenciones. De hecho, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los dos quintiles más altos de la población reciben 36,6% y 32,1% del total, respectivamente, de los subsidios en servicios públicos.
El desbalance entre los que subsidian y los que se benefician es tan elevado que se podría decir que en promedio tan solo 10% de los usuarios se encarga de financiar los servicios que recibe otro casi 80% de la población. Entre tanto, el restante 10% pertenece al estrato 4.
Esa dinámica se puede comprobar en las grandes ciudades del país como es el caso de Bogotá donde, según la Encuesta Multipropósito de 2017, viven en el estrato 1, 2 y 3 hasta 6,9 millones de personas (86,04%); en el 4 habitan 757.923 (9,42%); y en el 5 y 6 apenas 365.459 (4,54%). Lo mismo ocurre en Medellín donde los estratos bajos concentran 75,52% mientras que los que pagan una contribución extra son solo 12,73% del total; o en Cali donde 83% de los lados de manzana de casas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 frente a 8% que están en 5 y 6.
Según datos suministrados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los subsidios a los estratos 1,2 y 3 llegaron a $4,8 billones el año pasado siendo los de energía los más costosos por un valor de $3 billones, seguidos de los de alcantarillado, que supusieron $721.147 millones; los de gas representaron $621.400 millones; y los de acueducto, otros $446.960 millones.
En ese sentido, cabe destacar que por lo general el estrato 2 es el más financiado en todos los servicios públicos domiciliarios, excepto en energía en el que el 1 recibe $1,5 billones y al 2 le pagan $1,3 billones. Por su parte, a los usuarios del 3, que son a los que en un primer momento el Plan Nacional de Desarrollo iba a quitarles el subsidio junto con el de gas, se les financiaron el año pasado $250.000 millones.
Entre tanto, las facturas de las empresas de servicios públicos domiciliarios llegaron el año pasado a $55,2 billones; sin embargo, como el monto de las contribuciones no es suficiente para cubrir el de los subsidios, la ley contempla un fondo de compensación que asume esta diferencia, es decir, que el dinero que falta sale de las arcas públicas. En ese sentido, desde la Secretaría de Planeación de Bogotá, le dijeron a LR que en 2015 este modelo solo cubrió 69% de los subsidios de la capital para el servicio público de acueducto, por lo que la ciudad tuvo que poner $52.000 millones y la Nación otros $250.000 millones.
Soluciones a la vista
Debido a los problemas en la focalización de subsidios en los hogares más necesitados, a la ineficiencia del gasto público que genera y a la falta de actualización al mismo ritmo que el de las viviendas, la idea de desmontar los estratos en el país no es nueva.
Con el objetivo de resolver esta problemática, en el Plan Nacional de Desarrollo, que sancionó el presidente Iván Duque el pasado sábado, se planteó la necesidad de evaluar el instrumento de estratificación socioeconómica y se delegó al Dane y al DNP como entidades que tienen competencias frente al tema.
Para esto, según explicó la directora del DNP, Gloria Alonso, ambas entidades convocarán a una misión de expertos que permita evaluar el instrumento de estratificación socioeconómica. De este modo, dado el caso, se definiría la necesidad de diseñar una propuesta alternativa que lo sustituya, junto con las propuestas de ajustes normativos y el diseño de transición hacia el nuevo instrumento de focalización.
“Existe la evidencia a partir de múltiples estudios de los problemas que presenta este instrumento para la asignación de subsidios que no tiene en cuenta información de la situación socioeconómica de los beneficiarios frente a la evolución de predios y viviendas, lo que probablemente estaría ocasionando errores en la focalización”, manifestó Alonso.
Planeación tendrá lista implementación del Sisbén IV el próximo año
Con el objetivo de ofrecer una aproximación integral a la situación real de los hogares, que combine calidad de vida y capacidad para generar ingresos, el DNP inició en 2017 la recolección de información del Sisbén IV, que se estima finalice en 2019 y que se implemente en su totalidad en 2020. Actualmente, la entidad cuenta con información de 489 municipios, 5,7 millones de personas y 2,2 millones de hogares. La última etapa del barrido se realizará en 606 municipios que incluye ciudades como Bogotá.
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