EPM denunció penalmente al gobernador de Antioquia tras acusaciones por "lista negra"

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció, a través de un comunicado, que presentó denuncias penales contra el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y la concejala de Medellín Luz María Múnera Medina, ya que los comentarios de ambos han afectado la imagen de la empresa.

“Sus afirmaciones sin fundamento, relacionadas con la existencia de una presunta “lista negra” en la empresa, han afectado el buen nombre y la reputación de EPM. Sus imputaciones en distintos escenarios desacreditan la manera de proceder de la empresa y sus directivos”, se explica en un apartado de la comunicación.

Las diferencias entre la empresa de energía y el Gobernador iniciaron la semana pasada, cuando el dirigente departamental denunció que EPM estaría realizando pruebas de polígrafo de manera oculta a sus empleados con el propósito de crear una “lista negra” que incluye a Pérez, a concejales de Medellín y a varios periodistas.

Según el gobernador, a los servidores se les cuestionó por la relación que tenían con el gobernador, funcionarios públicos y comunicadores, denuncia que fue ratificada por la concejala Múnera.

En el comunicado, EPM también aclaró que las únicas listas que posee la compañía son las de “las necesidades de las comunidades, por las que durante 63 años de historia ha trabajado para contribuir a su calidad de vida y bienestar”.

En días pasados, Jorge Londoño, gerente general de EPM, señaló en diálogo con La FM que hubo un documento relacionado con una estrategia de inversión de la compañía que fue filtrado al Consejo de Medellín. Según explicó Londoño, por ser EPM una compañía industrial y del Estado que está en alta competencia maneja documentación confidencial, por lo que sus empleados firman cláusulas de confidencialidad.

“Cuando se filtra ese documento, en un comité de gerencia, mis colaboradores me proponen realizar una prueba de polígrafo para dar tranquilidad de que dicha filtración no se produjo desde ese grupo”, explicó Londoño, quien dijo que 18 funcionarios voluntariamente accedieron a someterse a la prueba, en la que solamente fueron cuestionados por este caso en concreto.

“La prueba nada tiene que ver con la relación de EPM y diferentes instituciones, cuando el gobernador habla de una lista negra es falso. No existe, y la estrategia es netamente para defender los intereses de la empresa en un mercado que es competido”, dijo.