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De acuerdo con el Distrito, el contrato tiene un valor de $215.000 millones
A pesar de los llamados de la Procuraduría a suspender la licitación para renovar los semáforos de Bogotá, la modernización de la red continuó su proceso y de acuerdo con el cronograma inicial, se verían los primeros cambios a mediados de 2018.
Las empresas que se encarguen de hacer el cambio de 5.000 semáforos deberán lograr la integración de peatones, vehículos particulares, transporte público y ciclistas.
El objetivo de este proceso será cumplir con la reducción de tiempos en desplazamiento en la ciudad de entre 15% y 30%, meta que se fijó la Alcaldía para esta adjudicación que tuvo un costo de $215.000 millones.
Varias de las propuestas se vieron inhabilitadas, por el incumplimiento de los valores mínimos, entre otros puntos que permitieron descartar los demás candidatos para este proceso de adjudicación.
De acuerdo con las condiciones de la licitación, se piensa intervenir un total de 1.384 intersecciones las que verían su modernización.
Además de ser adaptativos, se espera que estos nuevos semáforos también incluyan información para ciclistas, peatones, tiempos de espera entre cada cambio y señalización para personas en condición de discapacidad.
Una de las razones principales del Distrito, tal como se dijo en su momento, es actualizar un sistema que tiene más de 20 años, el cual es operado por Siemens.
Sin embargo, la compañía expresó, en medio del proceso y como participante de la licitación, que rebate “las afirmaciones en las que se señala que la tecnología de la compañía es obsoleta”.
“Si bien desde hace varios años hemos insistido en la necesidad de modernizar, hoy en día 42% de la red semafórica de la ciudad son equipos nuevos, suministrados recientemente por Siemens y tienen una vida útil remanente hasta el 2024 y 2034. Estos equipos cuentan no solo con altos estándares de calidad, sino con desarrollos tecnológicos recientes, y su protocolo es abierto”, dijo Siemens.
Este proceso fue bastante accidentado. La adjudicación se logró a pesar de las advertencias de la Procuraduría General de la Nación, entidad a la que el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, ya fue citado y donde se reiteró el seguimiento que hará el ente de control.
La queja de la Procuraduría está asociada a que el proceso licitatorio se abrió “sin contar con los productos finales de la consultoría contratada para ese fin”, además de posibles irregularidades en otras actuaciones contractuales, como la que separó la semaforización de las comunicaciones telefónicas.
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