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Leonardo Villar, gerente del Banco de la República
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La entidad propuso que la entrada en vigencia no se produzca el día siguiente a la decisión de la Corte, ya que, a su juicio, esto resultaría inviable "desde el punto de vista práctico"
El Banco de la República solicitó a la Corte Constitucional que se defina un margen de tiempo para que se puedan adelantar los procesos del nuevo régimen pensional, señalando que, por razones ajenas a su voluntad, algunos de ellos ya venían retrasados y se interrumpieron a partir del 17 de junio.
La entidad propuso que la entrada en vigencia de la ley no se produzca el día siguiente a la decisión de la Corte sobre su constitucionalidad, sino tres meses después de que se conozca la respectiva sentencia.
Según el banco central, un comunicado de prensa de la Corte indicó que los procesos pendientes tendrían que realizarse entre la fecha en que se decida la constitucionalidad de la ley y el día inmediatamente posterior a su entrada en vigor, lo cual, a juicio del banco, resulta inviable desde el punto de vista práctico.
La entidad también expresó que debe aclararse la interpretación de la Corte sobre la vigencia de la ley y de los decretos que han sido expedidos en su proceso de reglamentación, lo cual considera fundamental para avanzar en la firma del contrato entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, así como en la selección de los administradores externos y la designación de los miembros del Comité Autónomo Directivo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte de la Junta del Emisor.
Añadió que estos procesos se interrumpieron con el comunicado de la Corte del 17 de junio de 2025, en el cual se indicó que se suspendería la entrada en vigencia de la ley pensional hasta que la Sala Plena decida su constitucionalidad.
El Emisor lamentó las interpretaciones, según él, erradas, que se han hecho sobre los planteamientos expuestos en las cartas dirigidas a la Corte Constitucional, y afirmó que no han tenido otro propósito que el de solicitar un plazo "razonable" para poder cumplir con el nuevo rol que le corresponderá asumir dentro del sistema pensional, en caso de que la Corte declare constitucional dicha ley.
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