Santiago Pardo cuestionó la Ley de Rescate Económico por el impacto en hogares de menores ingresos

Luego de que el Gobierno radicara ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, con el que busca fortalecer el recaudo fiscal y atender las necesidades de las finanzas públicas, la iniciativa ha abierto un debate sobre el impacto de sus medidas tributarias en los diferentes sectores de la economía.

En entrevista con La FM de RCN Radio, Santiago Pardo, tributarista y exdirector de la Dian, señaló que el proyecto no ofrece soluciones suficientes frente al recaudo tributario, el control del gasto público ni el crecimiento económico.

Según explicó, Colombia necesita una aproximación diferente, que priorice la expansión de su actividad productiva y que sobre todo, permita mejorar las condiciones económicas a largo plazo.

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto?

Pues yo creo que no resuelve ni el problema de recaudo, ni el de control del gasto, ni el de crecimiento económico que afecta al país. Por eso, lo que he planteado en algunos foros recientes es que Colombia necesita una aproximación muy distinta al tema, basada en permitir que la economía crezca.

Le voy a dar un ejemplo diciente. Para compararnos, no miremos a China, Taiwán o los países asiáticos, sino a Panamá y Costa Rica, dos países con características similares a Colombia y cerca de cinco millones de habitantes cada uno.

Estos dos países han registrado, durante 64 años consecutivos, un crecimiento anual entre 1 y 1,5 puntos porcentuales superior al de Colombia. Esto ha permitido que, seis décadas después, el ingreso per cápita de Costa Rica y Panamá se acerque a US$20.000, mientras que el de Colombia ronda los US$8.500. Es decir, algo hemos hecho mal para que dos países con características similares hayan alcanzado un ingreso per cápita más del doble del colombiano.

Cuando se analiza el detalle, parte de la explicación está en que han mantenido reglas tributarias estables y competitivas, con impuestos del orden de 25%. Colombia, en cambio, tiene una tasa de tributación de los negocios de 70%. Competir con una carga de ese nivel frente a economías que operan con tasas de 25% simplemente nos saca del mercado en todas partes.

Si uno desmenuza esto, ese capítulo de lo que, por ejemplo se ha llamado el impuesto a los tenderos, o los temas de IVA canasta familiar, ¿usted cómo los analiza?

Pues, otra vez, yo veo que el proyecto, desafortunadamente, es muy malo, porque concentra el efecto tributario de lo que se busca recaudar en los sectores más necesitados y de menores ingresos.

Gravar la cerveza y las gaseosas, incluso aquellas que ya no tienen azúcar, con un impuesto que, en el caso de las cervezas, aumenta 400%, resulta especialmente perjudicial para los pequeños tenderos. Entre 50% y 60% de los ingresos de estos establecimientos proviene de la venta de gaseosas y cervezas.

¿Cuál es el impacto para el consumidor?

Para el consumidor, el impacto también sería significativo. ¿A quién se le ocurre que una cerveza pueda subir $1.700 y que no pase nada? Esto, sin mencionar el IVA general que se está planteando y que también afectaría a los comestibles.

La visión que debería tener el país es distinta: poner la economía a crecer a tasas de 5%, 6% o 7% anual. Para lograrlo, hay que reducir los impuestos a las empresas y, al mismo tiempo, encontrar una alternativa para financiar el faltante del Gobierno. No se trata de dejar al Gobierno sin recursos.

Los empresarios podrían aportar 20% de sus utilidades durante cinco años consecutivos mediante la suscripción de un bono a favor del Gobierno. Esta propuesta representaría una cifra incluso superior al crédito de $48 billones que se está tramitando con el Fondo Monetario Internacional, FMI.

La propuesta consiste en que los empresarios aporten cerca de $50 billones cada año mediante la suscripción de un bono forzoso. A cambio, el Gobierno eliminaría el impuesto al patrimonio, el impuesto de industria y comercio, ICA, el gravamen a los movimientos financieros, 4x1.000, y los impuestos a la nómina, además de reducir la tarifa del impuesto de renta empresarial de 35% a 30%.

¿Cómo afectará la devolución del IVA a las personas?

Claro que sí, pero aquí hay dos temas. Primero, todavía hay muchas personas en el país, especialmente en las zonas más apartadas, que no tienen Nequi, Daviplata ni ningún otro instrumento electrónico para recibir los giros.

El segundo problema, y quizás el más importante, es que el proyecto establece que para acceder a la devolución se necesita una factura electrónica. Si se trata del decil de menores ingresos, no se exigiría esa factura, pero tampoco se establece cuánto dinero se devolverá, sino que se deja ese cálculo en manos del Ministerio de Hacienda.

Ese monto debería quedar definido en la ley. No es necesario esperar a que se haga un cálculo cuando se puede estimar cuánto consume mensualmente una persona que pertenece al decil de menores ingresos y cuánto IVA paga. Así se podría establecer si la devolución corresponde a $100.000 o $200.000, en lugar de dejarla sujeta a un cálculo que no permite saber si serán $5.000, $10.000 o $50.000.

¿Con esto se busca bancarizar al país?

No se puede pretender bancarizar a todo el país de un día para otro. Colombia sigue siendo uno de los países con mayor uso de efectivo en América Latina y con importantes rezagos en bancarización.

Esto también responde a otros problemas tributarios que todavía no se han resuelto. Por ejemplo, muchos tenderos no quieren recibir pagos con datáfono porque deben asumir una retención de 5% y el gravamen a los movimientos financieros 4x1.000.

Por eso, primero hay que resolver esos problemas para que la economía crezca y las personas puedan acceder al sistema financiero. Considero que la devolución del IVA es algo que se debe resolver y que se puede implementar, pero no es un proceso que pueda hacerse de un día para otro.