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La esposa del Vicepresidente Germán Vargas Lleras ha estado durante 14 años en la Asociación Colombina de Empresas Licoreras (Acil) y según el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta Zapata, cuando se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la organización, el 19 de enero, en compañía de un representante de la Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores (Acodil), radicó una carta firmada con la propuesta que finalmente salió en el PND.
A raíz de esto, el 23 de enero el propio Acosta remitió una carta a María Lorena Gutiérrez Botero, consejera para Gobierno y en ese entonces ministra de Comercio, Industria y Turismo (encargada) en donde se informaba que “entregaron copia de la comunicación contentiva de la propuesta sobre el Régimen Impositivo y el Régimen de Monopolio sobre los Licores Destilados y Alcoholes” que el día 20 recibió la recomendación de que la propuesta fuera consultada por los Gobernadores.
Tras dicha reunión, indica la misiva, el gerente de la Industria Licorera de Caldas, Jorge Iván Orozco, presidente de la junta directiva de Acil, señaló que la propuesta no había sido aprobada por la junta directiva, por lo que la comisión se abstuvo de hacer un pronunciamiento de fondo.
Por esto se indicó que “como quiera que tal propuesta no es una propuesta oficial de Acil, ni mucho menos una propuesta que cuente con el aval de los gobernadores, recomendamos no ser tenida en cuenta, hasta que surtan los trámites correspondientes”.
Acosta señaló a LR que la semana anterior a esta, hubo “una reunión de la junta directiva, y ahí por unanimidad se desautorizó lo que había hecho la presidenta de Acil inconsultadamente”. Así pues, tras no haber preguntado antes, el director de la Federación Nacional de Departamentos, dijo que “se rumora que le pidieron la renuncia” ya que esa propuesta “no hay gobernador que la respalde”.
Luis Guillermo Vélez, asesor de Acodil, dijo que en la reunión del 20 de enero se presentó una propuesta que había sido concertada entre los gremios y que había sido firmada conjuntamente, la cual “se presentó conjuntamente al Gobierno para incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo” y que era conocida por el equipo técnico de Acil y el equipo técnico de la Federación Nacional de Departamentos.
Así mismo, Vélez señaló a LR “que las conversaciones sobre la propuesta se habían dado desde el mes de enero, por lo menos tres veces con la directora Zapata y con los miembros de la junta directiva de Acil”.
“Todo iba en marcha antes de que se presentara en el PND, pero cuando se hizo público ahí ya fue cuando empezaron a hacer las acusaciones” resaltó el asesor.
Al preguntarle sobre todo el caso, la vice primera dama Zapata respondió “no tengo nada que comentar. Lo único que diría es que a falta de argumentos toca recurrir a la mentira y la desinformación”.
Así mismo, sobre los rumores que circulaban sobre una posible renuncia, el presidente de la junta directiva de Acil, Jorge Iván Orozco, dijo que él y la junta respaldaban a la doctora Zapata.
Sin embargo y aunque aún no parezca claro cuál es el papel de la vice primera dama, el debate sobre los desmontes en los impuestos continúa en el PND con un límite de cinco años, y no diez como las licoreras dicen que habían planteado que debería ser.
No obstante, Vélez reafirmó que la original siempre fue esa, y después cambiaron de opinión. “Después dijeron que un específico a la cual se dijo que sí, y esa fue la que se le mandó al Gobierno pero ellos metieron el mixto”.
La Federación Nacional de Departamentos sigue diciendo que el monopolio departamental sobre los licores se reduce y se sacrificarían utilidades.
No obstante Vélez, asesor de Acodil, señaló que la Federación presentó una evaluación técnica de la propuesta que está en el Plan Nacional de Desarrollo, “y ellos dicen que es la mejor, la que más sirve a los departamentos”.
Gobernadores le enviaron carta a Gaviria
El pasado 17 de febrero, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, envió una carta al director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, en donde se observaba que el proyecto de ley limitaba “el ejercicio del monopolio y hace nugatorio su ejercicio por los departamentos”.
Además, se dice que se regulan aspectos relativos a la homologación del tratamiento impositivo de las bebidas alcohólicas, por lo que la propuesta se encuentra en contravía de lo establecido por la Constitución Política que señala que ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitro rentístico, y con una finalidad de interés público o social.
La carta dice que la Corte Constitucional ha admitido que la ley del plan es multitemática, pero no puede romper principios.
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