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El funcionario indicó que “la sentencia tiene un costo fiscal de $335.000 millones anuales”, y beneficia a las personas con mayor capacidad contributiva y con ingresos anuales superiores a $43 millones. De acuerdo con Mauricio Cárdenas, la decisión del alto Tribunal “pone de presente que el fallo omite la obligación de quienes tienen mayor capacidad de asumir obligaciones correlativas a sus ingresos”.
El Ministerio de Hacienda aclara que, antes del fallo, un empleado o trabajador independiente con ingresos superiores de $500 millones anuales ($41.667.000 al mes) tributaba con Iman a una tarifa implícita de 15,9% y en consecuencia pagaba $79,6 millones de renta.
Para este segmento de personas, la Corte redujo la tarifa implícita a 9,8%, lo que se traduce en un descuento en el impuesto de $30,8 millones, pues termina pagando $48,8 millones.
El ministro Cárdenas le solicitó a la Corte diferir los efectos del fallo por un año para que en el marco de la reforma tributaria estructural, que aún no se presenta, se revise el ordenamiento tributario en su conjunto y en particular los beneficios existentes.
La medida contempla el fortalecimiento de requisitos de habilitación de empresas, y la fijación de condiciones más estrictas en cuanto a seguridad
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