El dilema de liquidar 627 hospitales públicos en crisis

Ambas posturas saldrán a la luz pública en los próximos debates del Plan Nacional de Desarrollo. En el Congreso ya se planteó la preocupación, y el Ministerio de Salud retiró el artículo 71, que fue cuestionado porque, según los críticos, abría una puerta para eliminar hospitales y centros de salud.

Este acto del Ministerio no fue suficiente para calmar los ánimos. Recientemente la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) se pronunció sobre el plan y señaló que la opción de liquidar hospitales sigue vigente.

“Esta peligrosa opción sigue presente en el artículo 132, Cuentas Maestras. Buena parte del contenido de este aparte del plan es positivo porque permite que los recursos del saneamiento fiscal y financiero se puedan invertir en los hospitales que están bajo la auditoría de la Superintendencia de Salud. No obstante, le da la opción al gobierno para que de los excedentes del régimen subsidiado de salud del Sistema General de Participaciones se puedan utilizar para financiar la liquidación de Empresas Sociales del Estado”, dice la Asociación.

Derechos de la población

El Ministerio de Salud sí contempla la liquidación de hospitales, pero bajo condiciones muy precisas. En respuesta a El Colombiano, el Ministerio explicó que “la liquidación de los hospitales públicos solo se produce en aquellos casos en los que no es posible lograr su salvamento, pues las situaciones financieras o los problemas en la atención de los usuarios son tan críticos, que resulta necesario excluirlos del sistema de salud y buscar mejores alternativas para la protección de los derechos de la población afiliada”.

¿Cómo garantizar la salud de la población si se liquidan los hospitales que la atiende?

El Ministerio sostiene que en ningún caso se dejarán de prestar los servicios de salud: “Los procesos de saneamiento fiscal, fusión o liquidación, están a cargo de la entidad territorial que requieren del acompañamiento y gestión técnica de las entidades de regulación e inspección. Para la implementación de dichos procesos se requiere también la disponibilidad de recursos, de tal forma que se garantice la continuidad en la prestación de los servicios. Para lo anterior, es necesario determinar las fuentes de financiación de estos procesos”.
Que no se encuentren “las fuentes de financiación” necesarias para garantizar la prestación de los servicios es una preocupación que han esbozado las asociaciones médicas.

“El Gobierno ha tenido serios problemas para liquidar y conciliar con las EPS que les deben a los hospitales cerca de 6,3 billones de pesos. Y aunque el Gobierno dice que asume 2 billones de pesos, ese tema no se ha resuelto. Se puede prescindir de las EPS, pero no de los hospitales, que son la base del sistema de salud”, explicó Pedro Santana, vocero de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760.

Para Luis Martínez, vocero de la Asociación de Empresas Sociales del Estado Antioquia (Aesa), existe un desequilibrio financiero que afecta el funcionamiento de los hospitales: “En los 1.000 hospitales que están en riesgo la demanda no alcanza a sufragar los costos de operación. El Estado, antes que nada, debe entrar a subsidiar estos servicios. Si lo hace estaría siendo coherente con la ley Estatutaria de Salud, que señala que los hospitales no dependen de la rentabilidad financiera sino de la rentabilidad social”.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, 430 hospitales están en riesgo financiero alto, 138 en medio, 59 en bajo y 328 salieron de la crisis. La pregunta es si la solución más viable es liquidarlos o inyectarles más recursos.