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En Colombia, el tema no se encuentra reglamentado aún, pero en septiembre se aprobó el primer debate del proyecto que formaliza el oficio
El sistema de salud de Colombia se encuentra en el ojo público tras la recién reforma radicada por la ministra de Salud, Carolina Corcho. Expertos y académicos se han pronunciado y han impartido discusiones pedagógicas en torno a los puntos más polémicos del proyecto de ley, posibles explicaciones para el problema estructural del modelo actual de atención y diseños de propuestas para el cambio de algunos puntos del documento.
Distintos puntos, como el desempleo y la informalidad, llegaron a la agenda de Salud. Sobre este panorama, un estudio reciente de BMC Public Health, revista científica de Reino Unido, determinó el costo y tiempo que acoge la labor de una de las figuras que no cuenta con reglamentación dentro del sistema de salud actual: la de los cuidadores informales.
Los cuidadores informales se encargan de realizar la tarea de cuidado de personas enfermas, discapacitadas o ancianas que no pueden valerse por sí mismas en la realización de actividades cotidianas. El estudio arrojó que, para Colombia el costo anual es de US$1.989 millones, que en moneda local son más de $9 billones, tomando como muestra 15 enfermedades de alto riesgo.
Reglamentación en Colombia
Pese a esto, en septiembre fue aprobado apenas el primer debate del proyecto de ley No. 077 de 2022 sobre los cuidadores en el país. Así, Colombia inicia el proceso de ratificación del Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, que adoptó la Conferencia Internacional del Trabajo número 67, en Ginebra (Suiza), el 23 de junio de 1981.
“La ley 1413 de 2010, conocida como ley de Economía del Cuidado, permite reconocer que en Colombia, si se cuantificara el trabajo de cuidado no remunerado, su aporte al PIB equivaldría a 20%, mucho más que el valor agregado que genera cualquiera de las ramas de servicios financieros”, dice Iván Cepeda, uno de los ponentes de la iniciativa. Las estadísticas del Dane dan cuenta de que el ingreso laboral promedio mensual de las personas trabajadoras con responsabilidades familiares es 27% menor para las mujeres en comparación con los hombres. En paralelo, las mujeres que no tienen responsabilidades familiares ganan 11% más que las que sí lo tienen.
Esta distribución injusta del trabajo informal de cuidado afecta negativamente las decisiones educativas, sociales y profesionales de las mujeres, así como su desempeño y aspiraciones en el mercado laboral, ampliando las desigualdades de género.
“La Ley 1413 de 2010, conocida como Ley de Economía del Cuidado, permite reconocer que en el país se cuantifique el trabajo de cuidado no remunerado”.
“Este tema no se tocó en la reforma porque el documento solo desplegó generalidades. Más adelante se estudiarán este tipo de determinaciones”.
El estudio estima aproximadamente 1.900 millones de horas de cuidado informal anualmente en la región y US$4.300 millones por año en costo promedio de tiempo de cuidado informal para 15 enfermedades y ocho países de América Latina analizados.
Las enfermedades cardiovasculares representaron una carga de cuidado informal que varió de 374 a 555 horas por año, mientras que los cánceres variaron de 512 a 1.825 horas por año. La participación del costo del tiempo de cuidado informal en el PIB varió de 0,26% (México) a 1,38% (Brasil), con un promedio de 0,82% en los países de América estudiados.
El costo del tiempo de atención informal representa entre 16% y 44% del costo económico total (costo médico directo y atención informal) asociado a las condiciones de salud. Existe una importante carga económica del cuidado informal, frecuentemente pasada por alto, en diferentes enfermedades crónicas y agudas en los países de América Latina.
El estudio destaca la relevancia de incluir el valor económico del cuidado informal en las evaluaciones económicas de la atención médica. Según datos censales de cuatro países de la región (Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay), solo aproximadamente 1% de la población de 65 años o más vive en un establecimiento residencial. Además, el estudio propone que el rápido crecimiento del envejecimiento de la población y la transición epidemiológica presagian un incremento en la atención.
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