Hoy el gobierno nacional hará la subasta final de Electricaribe. los nuevos inversionistas tendrán que invertir hasta $8,3 billones si se adjudican los dos mercados

Kevin Steven Bohórquez Guevara - kbohoquez@larepublica.com.co

Hoy el Gobierno Nacional definirá finalmente el rumbo de Electricaribe. Después de un año de proceso, y tras cuatro prórrogas en las fechas de subasta, los inversionistas interesados en la empresa podrán pujar por los dos mercados en los que se dividió: Caribe Mar, que agrupa a Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba; y Caribe Sol, que tiene a Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La Contraloría será el ente que estará al tanto del proceso y empalme en caso de lograrse una enajenación exitosa. Hace un mes inició una auditoria especial de cumplimiento, y en este momento sigue de cerca la vinculación del nuevo operador. En entrevista con LR, Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, hizo un balance sobre la situación de la empresa, las dificultades de la operación y el proceso que adelanta el ente de control sobre la electrificadora.

¿Cuál es el seguimiento que le hace la Contraloría a la venta de Electricaribe?

La Contraloría General de la República despliega actualmente esfuerzos, a través de una auditoría especial de cumplimiento, para establecer con precisión dos elementos fundamentales: cómo ha sido el proceso de vinculación del nuevo operador de Electricaribe y si se han cumplido o no las obligaciones que están a cargo del Agente Especial. Estamos mirando con especial detenimiento el cumplimiento y la gestión fiscal del agente interventor frente a la ejecución de los recursos destinados a financiar las inversiones autorizadas.

¿Considera que la operación es viable con las dificultades que presenta la Costa?

La viabilidad depende principalmente de dos variables: la gestión técnica y la gestión comercial. Recordemos que la prestación del servicio de energía representa un negocio regulado en el que las rentabilidades, para el caso que nos ocupa, son definidas por la Comisión de Regulación con fundamento en esas variables.

El contexto es complejo porque el mercado de la región Caribe acusa la falta de inversiones acumuladas que condicionan una necesaria cultura de pago. El reto entonces es cualificar la inversión para garantizar la rentabilidad a expensas de un buen servicio que los usuarios estarán dispuestos a pagar.

Electricaribe tiene garantizada su energía este año, pero está expuesto en bolsa en más de 40%. ¿Cómo ve el modelo tarifario de la Costa, se debe ajustar?

La gestión comercial de compras de energía es vital para una compañía como Electricaribe. Aun así, llama la atención su alta exposición en bolsa porque eso incidirá en la estructura de precios y en la definición de la tarifa final. Desde la Contraloría General de la República hemos monitoreado el comportamiento de los precios. Durante el último trimestre hemos encontrado que el precio ha llegado muy cerca a los límites del precio de escasez. Si tenemos en cuenta que el presupuesto de compras de energía es cercano a 50% del presupuesto general, quedará claro que la gestión empresarial debe concentrarse en el suministro de la energía para el mercado regulado, es decir, el mercado domiciliario predominante en la región.

Ahora bien, no podemos perder de vista que la demanda debe guardar armonía con una cultura de pago que remunere la prestación de un buen servicio, constatable desde el comienzo.

Empresas interesadas han dicho que las difíciles condiciones del mercado hacen que los márgenes de rentabilidad no cuadren, ¿cree que se debería replantear el proceso de venta por la empresa?

La Contraloría General no ha participado en el diseño del mecanismo de asignación para operadores de los mercados de la energía eléctrica en la región Caribe. Sin embargo, las decisiones sobre rentabilidad deben tener en cuenta la percepción de riesgo en la gestión de un mercado con particularidades complejas. Pero si las inversiones son realizadas de manera sistemática y efectiva, la rentabilidad vendrá por añadidura.

La Superintendencia de Servicios Públicos, a cargo de la intervención, será la que evalúe el proceso de adjudicación, sin perjuicio de la vigilancia de la Contraloría para que las inversiones se cumplan, según los compromisos adquiridos.

¿Por qué cree que hay más interés en un mercado (Caribe Mar) que en el otro (Caribe Sol)?

Revisaremos la estructuración de la asignación de las dos empresas que prestan el servicio en el Caribe colombiano. No obstante, no perdemos de vista que, por la tipología del mercado, es mucho más retador Caribe Sol porque tiene un mercado más disperso que debe ser gestionado con mayor atención. Allí está concentrado el mayor rezago de inversiones.

La resolución 015 de 2018 de la Creg señala que se deben subir las tarifas hasta en 35% por las inversiones. ¿Cómo analiza el tema en medio de la cultura reinante del no pago y del robo?

Recordemos que la Comisión de Regulación de Energía y Gas es la responsable de producir los actos administrativos que regulen correctamente el servicio público. Para la actividad de distribución esa regulación debe tener en cuenta los aspectos diferenciales para la atención de dificultades. Entre ellas deben estar contempladas la gestión de pérdidas y las debilidades en la cultura de pago.

¿Qué aspectos han permitido que el robo de energía aumentara de 22% en 2016 a 27,96% en 2019? ¿Ha faltado control?

Los indicadores reflejan la diferencia que hay entre las fronteras comerciales de entrada con las fronteras comerciales que se imponen al cobro a los usuarios. Claramente se ve que tanto el rezago de inversiones como la cultura del fraude al servicio aumentan el indicador. Según cálculos propios, cada punto de pérdidas implica cerca de $50.000 millones de ingreso al año para la compañía.

La duración promedio por interrupción en Electricaribe en 2016 fue de 96 horas y en 2019 fue de 120,26 horas ¿Considera que alguien, más allá del Estado, debe hacerse cargo de ese ‘chicharrón’?

Sin duda alguna. Tanto la duración y la frecuencia de las interrupciones son las que en su conjunto definen la calidad del servicio. Hoy el Caribe tiene niveles de prestación del servicio que no se dan siquiera en los países de menor ingreso en África. Una correcta agenda de inversiones mejorará la prestación del servicio. Por eso es importante saber cuáles son los planes de inversión y sus tiempos de aplicación.

En 2019 Electricaribe tuvo un Ebitda negativo y se prevén inversiones por $8,3 billones, ¿cuál es el riesgo para el entorno fiscal del Gobierno si no se subasta alguno de los mercados?

En el primer trimestre de 2019 la Contraloría había evidenciado que existiría, para el cierre de ese año, un faltante en el flujo de caja operativo, que es el que condiciona como mínimo la compra y venta de energía, cercano a los $1,3 billones.

Es claro entonces que el inversionista debe ser un agente responsable con capacidad de cumplir con las inversiones y generar la rentabilidad, y los ingresos también se verán a favor del negocio garantizando así la viabilidad futura.

¿Tiene alguna propuesta de Plan B por si no se logra una adjudicación el viernes? El Gobierno habla de un fondo y gremios proponen una operadora nueva que pagaría el Gobierno. ¿Qué hacer?

Es un modelo que ha sido aplicado en mercados de difícil gestión. Trata del arrendamiento o la concesión de la infraestructura y de que un operador sea el responsable absoluto de la gestión de inversión. Ha sido aplicado en los departamentos de Chocó y Cauca. Sin embargo, la selección del modelo corresponde al Gobierno y en concreto a la Superintendencia.

¿Cuál debe ser la postura del Gobierno y de los entes del control para que realmente las inversiones se hagan y no vuelva a haber una tercera intervención en el mercado de la Costa?

Bueno, realmente esta pregunta solo la podemos abordar como ente fiscal. Tengamos en cuenta que el prestador de última instancia es el Estado colombiano. Luego en ningún momento se puede poner en riesgo el bienestar y la prestación del servicio con calidad para nuestra gente Caribe. Ya es mucho lo que ha padecido el usuario que ha pagado a través de las tarifas la mala gestión de los operadores en la historia reciente de la gestión.