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La cartera de Hacienda hizo público un borrador para comentarios donde detalla cuáles son los segmentos del parque automotor que se afectarán por el ajuste
El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto para comentarios sobre la eliminación gradual del subsidio al Acpm. La medida propone eliminar el subsidio para vehículos particulares, camperos y camionetas, en otras palabras, le subirán las tarifas al diésel.
Según el Gobierno, esta decisión impactaría a poco más de 295.167 vehículos del parque automotor, lo que generaría un ahorro fiscal de $386.700 millones, que mitigaría el déficit del Fondo de Precios a los Combustibles.
Los vehículos tipo bus, camión, buseta, microbús, tractocamión o volqueta continuarán recibiendo el subsidio, es decir, seguirán pagando la tarifa actual, que según la Creg está $10.585 por galón. En cambio, los vehículos particulares empezarán a pagar la referencia internacional, que oscila entre $13.500 y $15.200 por galón; de esta forma, el alza estaría en alrededor de $3.000 a $5.000.
La medida no se implementaría en todo el territorio nacional, sino en algunos departamentos y municipios en específico. Se destacan ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Montería, Santa Marta, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Cali.
En el mismo decreto, el Gobierno dejó la puerta abierta para extender esta medida a otros municipios, y tampoco detallaron cómo se hará este cobro diferencial. Según el MinHacienda, esta medida impactará a 72% de los vehículos que utilizan este combustible.
“Se espera que el decreto se extienda a otros municipios, cuando se aumente la capacidad de fiscalización, control y vigilancia de la medida para cumplir con ella”.
“Se busca equiparar el precio nacional del Acpm con el internacional en ciertos tipos de vehículos y en aquellas zonas del país donde sea viable aplicar este cobro al combustible”.
El borrador subrayó que el Ministerio de Minas y Energía hará la regulación, control y vigilancia y una vez expida la reglamentación para garantizar la operatividad de esta medida será cuando entre en vigencia.
Sergio Cabrales, experto en energía y profesor de la Universidad de los Andes, explicó que con este decreto el Gobierno no eliminaría por completo el subsidio, pero sí implementaría un mecanismo diferencial de precios que excluiría del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles a los vehículos particulares, camionetas y camperos que funcionen con Acpm.
“Se espera que se extienda a otros municipios cuando se aumente la capacidad de fiscalización, control y vigilancia de la medida para cumplir con ella”, puntualizó el académico.
“Lo que se busca es equiparar el precio nacional con el precio internacional en ciertos tipos de vehículos y en aquellas zonas del país donde sea viable aplicar este cobro. Si los vehículos de transporte de carga no son excluidos de la medida, podrían entrar en paro”, afirmó el consultor y experto en asuntos energéticos, Andrés Cabanzo.
La cartera de Hacienda señaló que el parque automotor está compuesto por 19,8 millones de vehículos, de los cuales solo 5% utiliza diésel como combustible. Agregaron que a pesar de su baja representatividad, estos vehículos han sido beneficiados por una política que no diferencia entre el tipo de servicio ni el uso del vehículo.
Según la entidad, del total de vehículos que funcionan con diésel, 55,2% corresponde a servicio público, 41,1% a vehículos de servicio particular y 3,6% a vehículos de servicio oficial. Esto, a juicio de Hacienda, evidencia que los recursos del Estado subsidian en buena proporción a vehículos que no prestan un servicio de interés colectivo, sino que se destinan al uso privado o institucional.
Con base en lo anterior, la cartera de Hacienda dijo que el subsidio constituye una transferencia regresiva, ya que, beneficia a los hogares de ingresos medios y altos, quienes concentran la propiedad de este tipo de vehículos.
Esta situación, generará un alivio fiscal para financiar otros proyectos. Adicionaron que de mantener los precios artificialmente bajos se distorsionan las señales del mercado, se incentiva un consumo ineficiente de combustibles fósiles, y se genera una presión innecesaria sobre los recursos públicos. Según cartera de gobierno, el déficit del Fepc tiene una deuda de $7,7 billones.
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