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En ‘el poder de las ciudades capitales’, se mencionó el fortalecimiento de la autonomía territorial para mejor manejo de recursos
Aunque casi 60% del PIB nacional viene de las ciudades capitales, las administraciones locales han vuelto a insistir en la necesidad de fortalecer la descentralización del poder, que derive en una mayor autonomía territorial, pues 80% del Presupuesto de las capitales de Colombia está atado a las transferencias del Gobierno.
En el marco de la asamblea general de Asocapitales, en el panel ‘Ciudades productivas y autónomas’, los alcaldes de Manizales, Jorge Eduardo Rojas; de Mocoa, Carlos Piedrahita; de Pasto, Nicolás Toro; de Quibdó, Rafael Bolaños y de Popayán, Juan Carlos Muñoz, resaltaron la importancia de una revisión del Sistema General de Participaciones para una mayor eficacia en el manejo de recursos y sugirieron que una reforma tributaria regional sería viable si les permite acceder a más recursos para potenciar el crecimiento de sus urbes.
Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, fue uno de los primeros en encender las alertas sobre el funcionamiento actual de la relación Nación-Regiones, pues explicó que el sistema de ciudades y transferencias del SGP debe revisarse para que “quien sea el quien gobierne, podamos tener recursos suficientes para las cosas que tenemos que atender”.
Si bien destacó que Manizales alcanzó 94% de recaudo y 96% de ejecución, reconoció que no se alcanzó el máximo por el impacto que generó el contexto macroeconómico en la ejecución de ICA. “Con todo y eso, tenemos 100% de las metas anuales y 50% de las metas de cuatrienio”, recalcó Rojas.
A su turno, Carlos Piedrahita, advirtió que el país cuenta con cinco ciudades capitales de sexta categoría, las cuales reciben cerca de $100.000 millones en transferencias del Gobierno. “Mocoa, pese a ser una capital, sigue siendo de sexta categoría. Cerca de 80% de mi presupuesto depende de las transferencias de la región”, detalló.
En cuanto a la situación en Quibdó, Rafael Bolaños expresó que pese a contar con un presupuesto cercano a $500.000 millones, más de la mitad del mismo se destina exclusivamente a la educación y al pago de nóminas.
“Dependemos prácticamente de las transferencias. Más de 80% del presupuesto total depende del Gobierno y eso limita la gran necesidad de tener autonomía territorial (...) la verdadera riqueza de los municipios está en el impuesto predial y también en el ICA, por supuesto. Pero, si la gente no confía en su gobernante, no va a pagar sus impuestos”, añadió el alcalde de Quibdó.
Ante la posibilidad de que el próximo Gobierno implemente una ‘reforma tributaria regional’, los alcaldes coincidieron en que representaría una oportunidad para incrementar sus esfuerzos de recaudo, obtener más capital y desarrollar proyectos que han dejado tenido que frenar por la falta de recursos provenientes del SGP.
Al respecto, el alcalde de Manizales comentó que un modelo económico más descentralizado y enfocado en la autonomía regional sería razonable con la realidad de los territorios, pues “nadie más entiende cómo son las finanzas municipales si no nosotros que estamos allá (en las capitales)”.
Esto se debe a que, en el caso puntual de la capital de Caldas, cuenta con un presupuesto de $1,5 billones, de los cuales $400.000 millones llegan por transferencias del Gobierno pero sin insuficientes para destinarlos a otros sectores.
“De hecho, la mayoría llega para pagar la salud de cada persona y los maestros. Casi $1,1 billones vienen por recursos propios o fuentes especiales, pero de esfuerzo propio; es decir, predial, ICA, delineación urbana, sobretasa de gasolina y otros impuestos”, añadió.
Juan Carlos Muñoz también defendió la propuesta de una ‘tributaria regional’ pero subrayó que deberá propender porque los recursos permanezcan en las regiones, porque “de lo contrario, no van a servir porque se van a capitalizar y a olvidar de los principios de equidad e igualdad”.
Los alcaldes de las grandes capitales, por su parte, hicieron un llamado al gobierno entrante a proteger el desarrollo de obras deportivas y de transporte como los estadios de Medellín y Barranquilla, el Metro de Bogotá y el Tren de Cercanías de Cali.
El alcalde de Manizales detalló que, pese a que tanto las cifras de recaudo como de ejecución se ubicaron por encima de 90% el año pasado (94% y 96% respectivamente), es necesario una redefinición de la distribución de los recursos que otorga el gobierno central a las ciudades y departamentos.
Jorge Eduardo Rojas sugirió que un modelo económico más descentralizado y enfocado en la autonomía regional sería razonable con la realidad de los territorios y una tema que debe abordar el próximo presidente de Colombia, “pues son los alcaldes los únicos que entienden las necesidades y finanzas municipales en tanto que viven el día a día en cada ciudad”.
El alcalde de la capital de Caldas detalló que del presupuesto de $1,5 billones, $400.000 millones son destinados para el aseguramiento en salud del régimen contributivo y subsidiado y el pago de nóminas del sistema educativo de la ciudad.
El alcalde de Mocoa, Carlos Piedrahita detalló que la situación actual de destinación de recursos tiene repercusiones en las responsabilidades de la ciudad, “teniendo en cuenta que, aun con un presupuesto de $120.000 millones, Mocoa debe “asumir las mismas responsabilidades de ciudades como Manizales, Popayán, Bogotá y Cali”.
Por esa razón, afirmó que la diferenciación en los territorios en cómo aportar y recaudar recursos debería ser uno de los principales retos, lo que apunta finalmente a la descentralización y a la autonomía territorial”.
Frente a la propuesta de una ‘reforma tributaria regional’, Piedrahita afirmó que, más allá de introducir cambios en el recaudo de la distribución de los recursos presupuestales, “se debe buscar que el Gobierno organice cada uno de sus sectores desde el Estado central”. Para lograrlo, postuló que la ley de competencias tiene que convertirse en una realidad acorde con las necesidades de cada región y municipio.
El caso de Pasto es otro de los ejemplos sobre la importancia de la redefinición de los recursos que la Nación le gira a los territorios. El alcalde, Nicolás Toro, precisó que la capital de Nariño se sostiene, más allá de las transferencias del Sistema General de Participaciones, en la totalidad del recaudo proveniente de la tributación de industria y comercio y predial.
“No obstante, esos recursos no les alcanzan, pues son tantos los problemas que no es suficiente con todo y que es uno de los municipios más afectos del Gobierno de turno. Toro agregó que otro de los obstáculos de su ciudad, y en general el departamento, son los tiempos que toman los procedimientos para la ejecución de proyectos, lo que también redunda en la baja competitividad. “En Colombia todos los trámites son demorados.
Cuando se presenta un proyecto, solo es aprobado hasta el segundo año y hasta el fin del mandato, en el cuarto año, es cuando se empieza construir”, concluyó.
El alcalde de Quibdó, que cuenta con presupuesto de $500.000 millones, dijo que la situación de recursos de la ciudad no dista de la de otras capitales en cuanto a la insuficiencia para desarrollar oportunidades de inversión. “En Quibdó, 70% de los recursos con los que contamos se destinan a la educación y al pago de nóminas. Así mismo, 80% de nuestros recursos dependen de las transferencias del Gobierno Nacional”, dijo Rafael Bolaños.
Agregó que los recursos de las ciudades intermedias están fuertemente atados con el pago de los impuestos predial e ICA, y que la confianza de los ciudadanos en la gestión de los alcaldes tienen una incidencia directa en un mayor recaudo por impuestos.
Como medida para potenciar los recursos de la ciudad del Pacífico, el alcalde mencionó que ya trabajan en la actualización catastral como una medida para ampliar la base gravable de Quibdó y que redunde en mayor recaudo tributario.
Finalmente, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, destacó la rápida recuperación de la ciudad pese a la apretada situación de recursos. Señaló que cuando recibió la administración, la capital de Cauca estaba ad portas de ser embargada porque una de las obras llevaba 30 años sin ser pagada. “Era un municipio totalmente desfinanciado”.
Aún así, por medio de diferentes mecanismos, incluyendo una amnistía, se logró el recaudo de cerca de $90.000 millones con el impuesto predial, en un momento en que la meta era de apenas $65.000 millones. “Popayán lo recibimos con cerca de $90.000 millones de deuda pública y la meta fue buscar cómo mermábamos ese pago de intereses. Lo logramos gracias a Findeter, que nos entregaron cerca de $60.000 millones y, con eso, podemos entregar la noticia al municipio de que Popayán está pagando la mitad de los intereses que estaba pagando”, destacó Muñoz sobre la situación financiera de la ciudad.
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