Asocapitales advierte que aumento del salario genera alza adicional superior a $200

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, advirtió que el incremento del salario mínimo en 23%, anunciado por el Gobierno Nacional, tendría un impacto directo en las tarifas del transporte público urbano, al generar un aumento adicional superior a $200 por pasaje frente a los ajustes que ya se habían proyectado con un alza de 11%. Esta situación, señaló el gremio, profundiza la presión financiera que enfrentan los sistemas de transporte de las capitales del país.

El efecto se explica, en buena parte, porque los sistemas de transporte público masivo y estratégico son intensivos en mano de obra. En promedio, entre 40% y 55% de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, rubros que están indexados al salario mínimo. De este modo, cada incremento salarial se traslada de forma automática a los costos de operación, incluso sin ampliaciones de flota, rutas o frecuencias, afectando el costo por kilómetro recorrido y el equilibrio financiero de los sistemas.

“Un aumento de 23% en el salario mínimo tiene un efecto inmediato sobre los costos del transporte público. En la práctica, estamos hablando de cerca de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se busca proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en las tarifas”, señaló Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.

El gremio indicó que el impacto no se limita a los grandes sistemas de transporte masivo de las principales áreas metropolitanas, sino que golpea con mayor fuerza a las ciudades capitales intermedias, donde operan sistemas estratégicos de menor escala, con menor respaldo financiero y mayores restricciones fiscales, lo que las hace más vulnerables a choques en los costos laborales.

Explicaron que en Cali, por ejemplo, el alza del salario mínimo se traduce en mayores costos operativos para el sistema MIO, en un contexto marcado por una demanda relativamente baja y elevados costos fijos, lo que profundiza su déficit estructural y obliga al municipio a destinar más recursos para sostener la operación y evitar presiones tarifarias o deterioros en la calidad del servicio.

En Medellín, aunque el Sistema Integrado del Valle de Aburrá mantiene un mejor equilibrio financiero, el incremento salarial impacta los costos de operación de los buses alimentadores, el tranvía y el personal de estaciones, lo que se refleja en mayores transferencias públicas o en la necesidad de reprogramar inversiones futuras.

En el caso de Bogotá, donde opera el sistema de transporte masivo más grande del país, el aumento del salario mínimo ejerce una presión significativa sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria, al elevar el costo por kilómetro y obligar al Distrito a ampliar el esfuerzo fiscal anual para garantizar la continuidad del servicio sin afectar a millones de usuarios diarios.

En Cartagena, el impacto es proporcionalmente mayor debido a que se trata de un sistema de menor escala y con menor capacidad fiscal, lo que hace que el incremento del salario mínimo eleve rápidamente los costos operativos y aumente el riesgo de desbalances financieros.

Asocapitales advirtió que el aumento de los costos laborales se suma a otras presiones que ya enfrentan los sistemas de transporte público, como el encarecimiento de los combustibles, los costos de mantenimiento de la flota, las tasas de interés y las variaciones en la demanda. En conjunto, este escenario obliga a las ciudades a priorizar recursos públicos para sostener un servicio esencial, proteger a los usuarios y preservar la calidad del sistema.

“Las ciudades están haciendo un esfuerzo fiscal significavo para garanzar el transporte público como un derecho y evitar trasladar estos mayores costos a los usuarios. Sin embargo, este desa􀄰o requiere una respuesta nacional, con reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación sostenibles”, agregó Santamaría.