"Bien por los trabajadores del mínimo, pero también serán muchos los perjudicados"

Luego de que el Gobierno Nacional oficializara el incremento del salario mínimo legal vigente para 2026, el cual pasó de $1.423.500 a $1.750.905, la Confederación General del Trabajo, CGT, Democrática e Independiente, en cabeza de su presidente Jorge Iván Díez Vélez, expresó fuertes reparos frente a la decisión, al considerar que, pese a su intención social, tendrá efectos adversos sobre la economía y el empleo.

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Díez señaló que el aumento de 23,7% representa un alivio inmediato para cerca de 2,5 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo, pero advirtió que el impacto del costo de vida en 2026 podría neutralizar ese beneficio. “Bien por quienes ganan el mínimo, pero el aumento de precios terminará perjudicándolos”, aseguró.

De acuerdo con la central sindical, uno de los principales efectos del incremento será la presión sobre el costo de vida de los trabajadores, pensionados y la clase media, debido al encarecimiento de bienes y servicios indexados al salario mínimo. Además, CGT alertó que cerca de 13,5 millones de trabajadores informales no se verán beneficiados por el alza salarial, pero sí asumirán sus efectos indirectos.

"Cabe anotar que van a ser muchas las poblaciones perjudicadas por un incremento del salario mínimo tan desbordado, cerca de 13,5 millones de trabajadores informales no devengarán el salario mínimo legal; las implicaciones negativas también es para un grupo amplio de pensionados que tendrán un incremento de salario basado en la inflación y no en el incremento del mínimo", afirmó Diez.

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La organización también advirtió sobre el impacto en los pensionados que reciben ingresos apenas superiores al salario mínimo, ya que, según la ley, su ajuste se realiza únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, lo que ampliaría la brecha frente a quienes sí reciben el incremento pleno del S.M.L.V.

Por otro lado, dentro de los puntos críticos señalados por la CGT es la presión que este aumento ejercerá sobre las pequeñas y medianas empresas, las cuales "podrían enfrentar mayores dificultades financieras y verse obligadas a reducir su planta laboral ante el incremento de los costos salariales y parafiscales".

Ante esto, CGT subrayó que los trabajadores sindicalizados no se benefician directamente del aumento del salario mínimo, ya que sus ingresos se negocian mediante convenciones colectivas, cuyos incrementos, en la mayoría de los casos, se ubican por debajo de dos dígitos.

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Para la central obrera, el incremento del salario mínimo tiene un carácter “populista” y carece de un enfoque integral. Por ello, insistió en la necesidad de adoptar medidas estructurales que protejan el empleo, impulsen la formalización laboral y garanticen la sostenibilidad empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas donde -para CGT- se concentra una alta proporción de trabajadores que requieren estabilidad y protección real.