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El Gobierno anunció que el incremento del salario mínimo será de 23%, es decir, se ubicó en $1.750.905, a esto se le suma un auxilio de transporte de $249.095
Salario mínimo 2026, gremios cuestionan el alza de 23% decretada por el Gobierno
La Andi señaló que era irónico como mientras el Gobierno declaró una emergencia económica por la falta de recursos, no tenía en cuenta el grave impacto fiscal que tiene este aumento en la economía
Tras el anuncio hecho por la Presidencia de la República, se dio a conocer la cifra del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, Smlmv, que regirá el próximo año para todos los sectores productivos, tanto del ámbito público como del privado.
El anuncio de esta cifra se cataloga como uno de los eventos más importantes para muchos de los grandes sectores y gremios empresariales y productores del país, por lo que se podría decir que, durante esta temporada, este dato es igual de esperado que el fin de año.
El valor del salario mínimo para la sociedad colombiana va más allá de su impacto en la economía empresarial; cada año, su porcentaje genera tanto debate como satisfacción entre distintos sectores, y como era de esperarse, este año no fue la excepción, y más aún por la incertidumbre que generó.
Desde el domingo circuló un decreto no oficial que anticipaba un incremento de 23% en el salario mínimo, cifra que finalmente se hizo efectiva y generó preocupación en distintos sectores. Desde el momento en que se anunció que el ajuste salarial de este año sería de dos dígitos, los gremios generadores de empleo y otros actores económicos manifestaron su inconformidad.
En La República recopilamos algunas de las reacciones de los gremios más importantes para la economía del país, en relación a los $2 millones que empezarán a recibir los colombianos desde el 1 de enero de 2026.
Una de las primeras reacciones en llegar a la opinión pública fue la postura de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, quienes a través de un comunicado aseguraron que esta alza en los salarios de los colombianos no solo era una decisión unilateral adoptada por el Gobierno Petro, sino que también, era una generadora de riesgos significativos para los hogares del país.
La Andi calificó como contradictorio que, mientras el Gobierno declaró una emergencia económica por la falta de recursos, no haya considerado el fuerte impacto fiscal que este incremento salarial tendría sobre la economía nacional y sobre los hogares colombianos.
“Resulta especialmente preocupante que esta decisión se adopte en un contexto en el que el propio Gobierno ha manifestado encontrarse en una situación de ‘emergencia económica’, cuando estimaciones técnicas indican que cada incremento de 1% en el salario mínimo implica aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público”.
Esta postura fue respaldada por la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, que cuestionó el actuar del Gobierno y advirtió que, en lugar de concebir a la ciudadanía y al sector empresarial como una unidad, estaría actuando con un enfoque que calificó de “populista”.
“El anuncio de un incremento del salario mínimo en 23 % demuestra que la decisión fue anticipada, unilateral y abiertamente populista”, afirmó el gremio.
A su vez, añadió que, “lo que se presentó en Colombia no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada”.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, se mostró molesto frente al alza del salario mínimo, sostuvo que el Gobierno pasante, en vez de solo encasillarse y pensar en los “2,4 millones de colombianos que son los que ganan el mínimo” tendría que enfocarse mejor, en aquellos que 11,3 millones que reciben menos de este valor.
En cuanto a factores técnicos, Bedoya aseguró que, aunque propusieron alternativas de incremento antes la mesa de concertación salarial, no se les tuvo en cuenta.
Las presuntas propuestas presentadas en esta mesa de concertación, fue una variable que mencionada por entidades como Fenalco y la SAC, en representación de su presidente.
Por parte de Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal aseguró que, había sido una completa “farsa” y que esta cifra era una “burla institucional para el sector productivo del país”. En cuanto a Jorge Enrique Bedoya, persona al mando de la SAC, dijo que de las propuestas que se habían establecido durante este encuentro para mitigar un posible incremento, ninguna se tuvo en consideración.
Otra opinión que no se hizo esperar fue la de José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, quien a por medio de un trino desde su cuenta de X, advirtió que el aumento de una cifra de más de 20% agravará el principal problema del mercado laboral en el país, la informalidad.
“Muchas empresas optarán por automatizar o reducir contratación; las más pequeñas, por irse a la informalidad”, sostuvo López en su publicación.
Este argumento lo apoyó José Andrés Duarte García, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, quien alegó que el incremento de 23% en el salario mínimo terminará concluyendo en la proliferación de la informalidad.
Duarte García sostuvo que esta cifra es insostenible, ya que no solo tendrán que asumir con la mano de obra, la cual representa 50% de los costos operacionales, sino que también, se suman cambios graduales desde 2025, como el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p.m., el aumento de los recargos dominicales y festivos de 80% a 90%, y la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas desde julio del próximo año.
Añadió: “todo esto impacta a un sector que opera en todo momento, es intensivo en empleo y enfrenta una creciente competencia de la informalidad, que no genera empleo ni cumple las mismas exigencias que las empresas formales”.
Tanto la Andi como Fenalco insistieron en que al sector poblacional que más afecta este incremento será a las comunidades más vulnerables. Jaime Alberto Cabal sostuvo que, “las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía (...) El resultado será inevitable: menos empleo, más informalidad y el cierre de empresas en todo el país”.
Un punto en el que todos los presidentes hallan un valor común es la falta de coherencia y sentido que tiene este incremento, pues, no solo representa un peligro para la economía del país, sino que también, para el sector laboral.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que “este incremento carece de sustento técnico y resulta especialmente grave en una economía altamente indexada al salario mínimo. Esta crea una ilusión de mayor ingreso nominal para los trabajadores, pero se oculta el impacto real: un aumento generalizado del costo de vida”.
El Consejo Gremial Nacional también expresó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de decretar un aumento de 23,7% en el salario mínimo mensual legal vigente, al considerar que la medida carece de un sustento técnico suficiente y no guarda coherencia con la actual situación fiscal y económica del país.
Según el gremio, la determinación se adopta en un contexto de alta incertidumbre para la generación de empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas, y podría profundizar los desequilibrios que ya enfrenta el mercado laboral colombiano.
Si bien el Consejo Gremial reconoció la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar el bienestar de los hogares, advirtió que los ajustes al salario mínimo deben basarse en criterios técnicos verificables, como la productividad, la inflación y la capacidad real de pago tanto de las empresas como del sector público.
En ese sentido, recordó que el Banco de la República ha alertado de manera reiterada sobre los riesgos de un incremento elevado del salario mínimo, al señalar que este tendría un impacto directo sobre la inflación y las finanzas públicas. Además, un aumento de esta magnitud presionaría las reservas pensionales, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual, y amplificaría los efectos sobre bienes y servicios indexados al salario mínimo, como la vivienda de interés social, el transporte, las tarifas y las multas, entre otros.
El gremio también advirtió sobre el deterioro del mercado laboral. De acuerdo con cifras del Dane, en 2025 el número de personas que ganan menos de un salario mínimo aumentó en 1,23 millones frente a 2024. En total, 11,38 millones de colombianos no alcanzan a devengar el mínimo legal y, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Geih, a octubre de 2025, la informalidad laboral asciende a 13,6 millones de personas, lo que representa un incremento de 732.000 trabajadores en el último año.
Para el Consejo Gremial, aumentos elevados del salario mínimo no contribuyen a resolver los problemas estructurales del mercado laboral, como la informalidad y la pobreza, y podrían, por el contrario, agravarlos.
Finalmente, cuestionó la coherencia de la política económica del Gobierno, al señalar que mientras se declaró una emergencia económica por un faltante de financiación cercano a $16 billones en el Presupuesto General de 2026, se decretó un aumento del salario mínimo que podría generar un impacto superior a $9 billones en costos laborales y obligaciones asociadas, profundizando las presiones fiscales y afectando el futuro del empleo formal en el país.
El Amcham, en dirección de María Claudia Lacouture, sostuvo que, el salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario, proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. Por lo que un incremento de 23%, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo. “Desde AmCham preocupa que, con esta decisión, en la práctica se esté cambiando la forma de definir el salario mínimo”.
Asobancaria se pronunció ante el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro. Ante esto, señaló que este cumple el rol de piso legal para los trabajadores formales. Sin embargo, afirmó que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad tiene un impacto directo sobre el comportamiento de los precios.
"Cualquier incremento debe basarse en un análisis riguroso de la coyuntura laboral, productiva e inflacionaria, con el fin de contrarrestar efectos adversos sobre el empleo, la formalización y el bienestar de los hogares", afirmaron en un comunicado.
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