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El Gobierno anunció que el incremento del salario mínimo será de 23%, es decir, se ubicó en $1.750.905, a esto se le suma un auxilio de transporte de $249.095
Vivienda, transporte público y servicios domésticos, los afectados por aumento del mínimo
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Una vivienda VIS de hasta 150 salarios mínimos pasaría de costar aproximadamente $213 millones a $262 millones, lo que representa un incremento cercano a $49 millones
El incremento del salario mínimo para 2026, fijado en 23,7%, más allá del impacto directo en los ingresos de los trabajadores, la medida tendrá efectos importantes en múltiples bienes y servicios que están indexados al salario mínimo o dependen de costos laborales; esto reabre el debate sobre el costo de vida para el siguiente año.
El sector vivienda es uno de los más sensibles al aumento del salario mínimo debido a la indexación directa de la Vivienda de Interés Social, VIS, cuyos precios máximos se calculan en salarios mínimos legales mensuales vigentes; con el nuevo salario, los topes aumentan de manera automática y significativa.
Una vivienda VIS de hasta 150 salarios mínimos pasaría de costar aproximadamente $213 millones a $262 millones, lo que representa un incremento cercano a $49 millones. En el caso de viviendas de hasta 135 salarios mínimos, el precio sube de $192 millones a cerca de $236 millones, es decir, más de $44 millones adicionales.
Este ajuste encarece el acceso a vivienda para hogares de ingresos bajos y medios, especialmente si los subsidios estatales no crecen al mismo ritmo.
Por otro lado, este aumento también afecta a la Vivienda de Interés Prioritario, VIP, cuyos precios y subsidios están definidos en salarios mínimos. Desde el Gobierno se ha planteado la posibilidad de desindexar estos topes para evitar que el salario mínimo termine expulsando a más familias del mercado formal de vivienda, aunque por ahora los valores se ajustan automáticamente.
De acuerdo con un informe de Banco Popular, para el gobierno de Gustavo Petro se proyecta un incremento acumulado de $78 millones para VIS y $52,2 millones para VIP, lo que implicaría una variación de 48,6%, tomando en cuenta un aumento salarial de 11% para el otro año.
“Uno de los efectos más preocupantes es el impacto sobre los precios de las viviendas destinadas a población de bajos ingresos”, señaló Julián Cortés, analista económico senior del Banco Popular.
Además, Camacol también aseguró que este choque de costos podría generar un incremento cercano a 4% en los costos totales de construcción, presión que, inevitablemente, termina trasladándose al precio final de la vivienda.
“Mejorar el ingreso de quienes hoy están en el empleo formal no puede hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social. El resultado termina siendo más exclusión y menor bienestar”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.
Por último, el gremio estima que el impacto agregado en el precio de la vivienda podría acercarse a 10%, afectando directamente a los segmentos que estas políticas buscan proteger.
El aumento del salario mínimo tendrá un impacto relevante en el transporte público urbano, según lo advirtió Asocapitales. Los sistemas de transporte masivo y estratégico destinan entre 40% y 55% de sus costos operativos al pago de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social.
Con el nuevo salario mínimo, los costos de operación suben automáticamente, incluso sin ampliar flota ni rutas. Asocapitales estima que el efecto del incremento salarial puede generar un alza adicional superior a $200 por pasaje, frente a los ajustes que ya se tenían previstos por inflación.
En ciudades como Bogotá, el aumento presiona el Fondo de Estabilización Tarifaria y obliga al Distrito a destinar más recursos para evitar incrementos abruptos en la tarifa. En Cali, el impacto profundiza el déficit estructural del MIO, mientras que en Medellín afecta los costos de buses alimentadores, tranvía y personal operativo. En capitales intermedias como Cartagena, el golpe es mayor por la menor capacidad fiscal para absorber el aumento.
Los servicios domésticos son uno de los ejemplos más claros del traslado directo del aumento salarial. El pago diario por una jornada de servicios generales sube de $47.450 a $58.364, sin incluir prestaciones sociales, lo que incrementa de manera significativa el costo mensual para los hogares empleadores.
De igual forma, otros servicios privados intensivos en mano de obra como vigilancia, aseo, consultas médicas particulares y trabajos profesionales independientes pueden registrar incrementos, no por obligación legal, sino por el encarecimiento general de los costos laborales.
Los aportes a salud, pensión y riesgos laborales están directamente ligados al salario mínimo, ya que la ley establece que la base de cotización no puede ser inferior al mínimo legal. Por esta razón, tanto trabajadores independientes como empleadores deberán realizar mayores aportes en 2026.
Para quienes cotizan sobre un salario mínimo, el aumento implica mayores descuentos mensuales y mayores costos laborales para las empresas. Este efecto también se extiende a las prestaciones sociales, como cesantías, primas y vacaciones, que se calculan con base en el salario, elevando el costo total del empleo formal.
Al poner esto en práctica, para una empresa ahora al mes, un empleado le costará $148.826,93 el aporte a salud; $210.108,60 en pensión; y, $9.139,72 en ARL, mensualmente lo cual da un total de $368.075,25. Este cambio resulta significativo ya que este año las empresas pagaban $299.248,17.
El sistema de salud también sentirá el impacto del aumento salarial. Las cuotas moderadoras de las EPS se ajustan con el salario mínimo para los afiliados que devengan menos de dos salarios mínimos, manteniendo la proporcionalidad del sistema.
Con el nuevo salario, los usuarios pagarán más por consultas médicas y medicamentos, lo que representa un mayor gasto recurrente para los hogares que hacen uso frecuente de los servicios de salud.
Las cuotas de administración en conjuntos residenciales y edificios no están obligadas por ley a subir con el salario mínimo, pero en la práctica el aumento es altamente probable. La razón principal es que el mayor componente del gasto en copropiedades corresponde a servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento, sectores intensivos en mano de obra remunerada con salario mínimo.
Con el incremento de 23,7%, los contratos de vigilancia privada y aseo se encarecen de inmediato, lo que obliga a las administraciones a ajustar las cuotas para cubrir los nuevos costos. Este efecto es especialmente visible en conjuntos de vivienda VIS y estratos medios, donde los márgenes financieros son más ajustados y cualquier aumento impacta directamente el presupuesto de los hogares.
En el sector educativo, especialmente en colegios y universidades privadas, el aumento del salario mínimo se refleja en mayores costos operativos asociados a personal administrativo, docentes y servicios generales. Aunque las matrículas no están obligadas a subir exactamente en la misma proporción, muchas instituciones utilizan el salario mínimo como referencia para sus ajustes anuales.
Esto anticipa alzas en matrículas y pensiones durante el año académico 2026, que deberán ser asumidas por las familias, en un contexto donde otros gastos básicos también aumentan.
Pese al aumento, varios rubros clave permanecen desindexados. Los arriendos, los servicios públicos domiciliarios, los peajes y las multas de tránsito se ajustan con base en la inflación o en unidades como la UVT, no en el salario mínimo. Esta política busca evitar que el incremento salarial se traduzca automáticamente en una escalada generalizada de precios.
El nuevo salario mínimo se compone de aproximadamente $1,75 millones de salario básico y $249.095 correspondientes al subsidio de transporte
Con el aumento de 2026, el país se ubica por encima de Ecuador y Guatemala y se mantiene por debajo de Costa Rica, México y Uruguay
El salario mínimo para 2026 con auxilio de transporte sería de $2 millones, con un incremento de 23% en la base y 24,5% en el auxilio
