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Estuvieron formuladas por concesionarios ante un total de 39 Tribunales Arbitrales.
Desde la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en 2011, esta entidad ha logrado ahorrarle a las arcas públicas cerca de $2,4 billones en pretensiones económicas formuladas por concesionarios ante un total de 39 Tribunales Arbitrales.
Así lo indicó la entidad estatal a través de un comunicado, al indicar que este tipo de tribunales son escenarios judiciales conformados por particulares expertos en contratación de infraestructura que le permitieron a la entidad contar con una herramienta especializada.
“Estos resultados son una muestra del acierto que tuvo el Gobierno al crear a la ANI como una entidad técnica capaz de estructurar, contratar y ejecutar las más importantes obras de infraestructura que requiere el país, y de un equipo altamente calificado en defensa judicial que garantiza la seguridad jurídica de todos los proyectos”, manifestó el presidente de la entidad, Dimitri Zaninovich.
Además, la entidad informó que de los 23 laudos emitidos en vigencia de la ANI, un Tribunal en promedio demoró hasta la decisión final dos años y seis meses. “Nuestra defensa en los tribunales arbitrales la hemos orientado principalmente en garantizarle a los colombianos que los contratos para la construcción de la infraestructura se deben ejecutar en los tiempos y con las condiciones con las que se fijaron desde el inicio.”, añadió el representante de la entidad.
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