Defensoría del Pueblo insiste que la reforma a la salud no tiene sostenibilidad fiscal

La Defensoría del Pueblo liderada por Iris Marín envió una carta a la senadora Nadia Blel, quien preside la Comisión Séptima del Senado, con los puntos que debe considerar a la hora de votar sobre si le dan continuidad o no a los debates de la reforma a la salud.

Uno de los puntos más destacados es que el organismo reitera que este proyecto bandera del Gobierno de Gustavo Petro carece de sostenibilidad fiscal.

“No están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud. Por tal razón se propone que en el proyecto de ley se prevea que el Departamento Nacional de Planeación deberá realizar un informe que cuente con varias variables”, se lee en el comunicado.

Destacó que ese informe debe contar con un diagnóstico acerca del costo de la reforma propuesta y de la capacidad del Estado para asumirlo.

También sugieren que se implemente la identificación de los mecanismos, fuentes y esquemas de financiación para el funcionamiento del nuevo sistema.

“Es importante aclarar que este informe no reemplazaría el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda. Consiste en un informe que debe ser auditado por organismos técnicos de carácter independiente y, para su formulación se debe prever la participación de asociaciones de usuarios y organizaciones de la sociedad civil”, dijo la Defensoría.

Dudas sobre la transición

Otra de las inquietudes que trasladó la Defensoría a la Comisión Séptima del Senado fue sobre si los dos años establecidos para la transición son suficientes para que el cambio se dé sin traumatismos y sin poner en riesgo la prestación y la calidad de los servicios.

Por lo que sugirió prever, la obligación de formular un plan de transición y de evaluación de los impactos de cada uno de los componentes de la reforma.

“Dicho plan debe basarse en el informe de sostenibilidad fiscal de la reforma a la salud; y contar con indicadores específicos y reportes públicos periódicos. El plan debe ser sostenible, estar sustentado en metas y fuentes específicas de financiación. Este plan debe minimizar los riesgos de interrupciones en la atención”, se lee en el texto.

Además, señaló que el plan de transición debe incluir el seguimiento a los procesos de transformación que se adelantan de forma paralela, entre ellos: las intervenciones a las EPS, los equipos básicos de salud, el plan de infraestructura hospitalaria, el giro directo a los hospitales, y la reglamentación del Sistema General de Participaciones.

También planteó que esta alternativa deberá contar con los mecanismos para garantizar la eficacia de las reclamaciones, de las acciones de tutela y otros recursos para garantizar el derecho a la salud, en caso de negaciones y problemas de oportunidad.

“El proyecto de ley debe determinar los mecanismos y esquemas de financiación para atender cualquier condición de salud catastrófica o de alto costo que se les diagnostique a personas que acudan al sistema de salud”, puntualizó la Defensoría.