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La agenda económica del gobierno este cierre de año
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Para reducir el gasto en $40 billones durante la vigencia de 2027, se prevé que la Ley de Rescate incluya la eliminación de entidades y la reducción de exenciones
La semana pasada, el Gobierno Nacional expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de $634,9 billones.
Sin embargo, ese tan solo fue el inicio de la agenda legislativa que recibirán las Comisiones Económicas en el remate del año. Con la discusión del Presupuesto, apenas se cumplió el primer paso del plan de ajuste fiscal anunciado por el ministro Miguel Gómez. Ahora, los siguientes dos pasos son la Ley de Rescate Fiscal y el Plan Nacional de Desarrollo.
A la agenda de ajuste fiscal trazada por el ministro se sumó otra iniciativa: el inicio del debate sobre un proyecto de ley con mensaje de urgencia para aprobar una adición presupuestal. La iniciativa pretende trasladar $1,2 billones al sector energético y adicionar $2,7 billones al Presupuesto para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Antes de ahondar en cada punto, conviene hacer una distinción: mientras la Ley de Rescate apunta a reducir el gasto en la vigencia de 2027, la adición planteada por Hacienda corresponde al Presupuesto de 2026.
Pasada la polémica por la expedición del Presupuesto vía decreto, los analistas del mercado coinciden en que lo que realmente pesará en las finanzas públicas e, incluso, en el comportamiento de las tasas de los TES será conocer los detalles de la Ley de Rescate que Hacienda ha anunciado en los últimos meses. Según la última información del Gobierno, la iniciativa se radicaría esta semana y busca reducir el gasto en 2,2% del PIB en 2027, es decir, un poco más de $40 billones.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, señaló que “$40 billones hay que buscarlos por todos lados, no solo por los recortes de gasto, sino por mayor eficiencia tributaria”.
“Se pueden tomar medidas como la reducción de exenciones y deducciones, sobre todo en el IVA. Lo más seguro es que la Ley apunte a moderar el tamaño del Estado”.
“Sí hay varias formas de recortar el gasto. Lo que hay que evaluar es qué tan dispuesto está el Gobierno a tomar medidas que puedan resultar impopulares”.
En ese sentido, explicó que “no se trata de subir las tarifas; más bien, se pueden tomar medidas como la reducción de exenciones y deducciones, sobre todo en el IVA. Seguramente, la Ley también apuntará a moderar y reducir el tamaño del Estado, eliminando entidades donde haya duplicidades con otras. De manera que tiene que ser una cosa de muchos frentes, no solo una. Porque claramente $40 billones no se logran reducir únicamente del presupuesto de gastos de funcionamiento”.
Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, coincide en que, ante la magnitud del desafío fiscal, es necesario tomar medidas en varios frentes.
“Se debe utilizar toda la caja de herramientas para reducir el gasto, aumentar los ingresos y garantizar la sostenibilidad de estas medidas. Esto pasa por medidas impopulares para lograrlo”, señaló.
Agregó que “aprovechando que están en el primer año del Gobierno, podrían adoptar ciertas medidas, como, por ejemplo, eliminar subsidios, como en el caso del Acpm, o eliminar exenciones en el IVA”.
Sobre una eventual fusión de entidades dentro de la Ley, Soto considera que “es importante administrativamente y suma, pero no es algo significativo frente a la magnitud de las necesidades”.
Para los analistas, los $40 billones siguen siendo una meta desafiante. Aun así, consideran que es preferible lograr esa reducción ahora para evitar que el problema fiscal se agrave más adelante. Así lo señaló el economista e investigador Eduardo Lora, quien advirtió que “si no se hace ahora, ocurrirá a la fuerza en circunstancias más dolorosas para todo el mundo. La situación es realmente crítica, pero en este momento gozamos de un compás de espera que nos están dando los acreedores, a la expectativa de lo que logremos con un plan de ajuste, ojalá con el apoyo del FMI”.
Sin embargo, hay voces menos optimistas frente al ajuste. El exdirector del DNP Jorge Iván González sostuvo que “el Gobierno no va a poder bajar el gasto en esa magnitud, es imposible. El ajuste debe acompañarse de una reforma tributaria; no es viable bajar el gasto en esa magnitud”.
El siguiente paso del plan de ajuste de Gómez será el Plan Nacional de Desarrollo, PND, cuyas bases deberán presentarse en noviembre, de acuerdo con el cronograma legal.
Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, ha anticipado algunos de los ejes que orientarán el documento: la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales, la recuperación de la seguridad en los territorios, el fortalecimiento de los servicios públicos, la formación de capital humano y la atracción de inversión privada.
La meta será alcanzar un crecimiento anual de 6%, impulsando 330 megaproyectos. En cuanto al cronograma, las bases del plan deberán someterse a consideración del Consejo Nacional de Planeación, CNP, a más tardar el 15 de noviembre. Luego, este organismo tendrá hasta el 10 de enero para emitir su concepto y formular las recomendaciones que considere convenientes. Por su parte, el Presidente deberá enviar al Congreso una copia del proyecto.
Una vez conocido el concepto del CNP, el Gobierno realizará las modificaciones que considere necesarias y deberá remitir el proyecto definitivo antes del 7 de febrero de 2027.
El Legislativo contará con un plazo total de 90 días para adelantar los dos debates correspondientes: primero, en las comisiones económicas y, posteriormente, en las plenarias de ambas cámaras.
Sumados a los pasos anteriores, en la agenda legislativa se incluyó una iniciativa más. Se trata de un proyecto de Ley que busca un traslado presupuestal de $1,2 billones para atender las obligaciones del sector de energía pendientes este año, y una adición de $2,7 billones sobre el Presupuesto de 2026 para atender el terremoto.
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