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En la discusión de la reforma laboral de 2024 ya se habían eliminado cerca de 20 artículos relacionados con el derecho colectivo
¿Recuerda la huelga de pilotos de Avianca en 2017? Fueron 51 días en los que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles suspendió sus labores y afectó a más de 500.000 pasajeros. Ahora el panorama podría cambiar: las huelgas ya no serían solo dentro de una empresa, sino que podrían extenderse a sectores completos o incluso a toda una industria.
El Ministerio de Trabajo expidió un decreto que reactivó varios artículos sobre derecho colectivo que habían sido objeto de debate durante la reforma laboral de 2024. En su momento, un conjunto de 20 disposiciones fue eliminado por implicar la modificación de derechos constitucionales, como el derecho a la huelga, dado que la reforma se había planteado como ley ordinaria y no como ley estatutaria.
A través de esta vía administrativa, la cartera de Trabajo expidió el Decreto 0234, mediante el cual estableció nuevas reglas en materia de negociación colectiva. Con esta norma, el Gobierno introduce un modelo de negociación en niveles superiores al de la empresa.
“La negociación por industria está pensada para países con altos niveles de formalidad laboral y de sindicalización. Colombia no es el caso”.
Esto significa que la negociación entre trabajadores y empleadores ya no se limita a cada empresa por separado. Ahora se abre la puerta a que pueda darse por sector, rama de actividad o incluso a nivel nacional, agrupando a varias empresas y trabajadores al mismo tiempo.
En otras palabras, el nuevo decreto de la cartera abrió la puerta a huelgas sectoriales. Sin embargo, esto podría generar incertidumbre al no quedar claro cómo se determina quién tiene la legitimidad para negociar en nombre de un sector específico.
Por ejemplo, podrían darse casos en los que un sindicato negocie condiciones laborales para toda la industria de la construcción, y no solo para una empresa en particular. También podría ocurrir que, tras una negociación, se establezcan acuerdos aplicables a todas las compañías de un mismo sector económico.
Frente a esto, Juan Fernando Escandón, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, señaló que “el decreto plantea un cambio estructural en la forma en que se negocian las condiciones laborales en el país. No obstante, su diseño técnico deja numerosas preguntas sobre cómo funcionará realmente este nuevo esquema”.
Agregó que “históricamente, el sistema colombiano de negociación colectiva se ha centrado en el ámbito empresarial. Aunque la legislación permite negociaciones con varios empleadores, la práctica institucional ha privilegiado los acuerdos dentro de cada empresa”.
Para Escandón, con este cambio “en sectores con gran diversidad empresarial, como comercio, agricultura o servicios, definir quién representa a las empresas puede convertirse en una fuente de conflicto jurídico y operativo”.
La otra pregunta es si, en términos cuantitativos, este nuevo decreto realmente tendrá un gran impacto. Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, explicó que la tasa de sindicalización en Colombia apenas alcanza 4,5%, por lo que no se trata de una medida pensada para el grueso de la fuerza laboral.
“La negociación por industria tiene un gran problema: está pensada y diseñada para países con alta formalidad laboral y elevados niveles de sindicalización. En Colombia, seis de cada diez trabajadores no tienen un contrato de trabajo y, mucho menos, afiliación sindical”, dijo Cuervo.
Otro de los puntos que señaló el experto es que, por definición, el derecho de asociación implica la libertad de decidir si afiliarse o no a un sindicato.
Desde algunos sectores ya se han presentado demandas contra el decreto por vicios de trámite e inconstitucionalidad. Según Cuervo, “ya se radicó una solicitud ante el Consejo de Estado para su suspensión”.
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