MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
La Ley de Rescate concentra el esfuerzo del Gobierno para ajustar las cuentas públicas, pero abre una discusión sobre cuánto deben aportar consumidores, trabajadores y empresas
La promesa de poner en orden las cuentas del país ya tiene una traducción concreta para los colombianos: cambios en los impuestos que pagan al comprar, en los descuentos que reciben de su salario y en los costos que asumen las empresas al contratar. Hoy, cuando Abelardo de la Espriella cumple sus primeros 100 días en la Presidencia, la reforma tributaria se consolida como su principal apuesta para enfrentar un desequilibrio fiscal que coincide con las urgencias de la salud, la reconstrucción después del terremoto y el pago de la deuda.
La llamada Ley de Rescate Fiscal busca un recaudo adicional cercano a 2,2% del producto interno bruto, PIB, y combina medidas tributarias con ajustes al gasto. Su presentación convirtió la distribución de las cargas en uno de los principales debates económicos del comienzo del mandato: cuánto debe recortar el Estado, cuánto pueden aportar las empresas y qué parte del esfuerzo terminaría en el bolsillo de los hogares.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que el proyecto se estructuró sobre cinco ejes: rescate fiscal, social, de la salud, de la inversión y del Estado. Con ellos, la administración pretende frenar el crecimiento de la deuda, financiar el presupuesto de 2027, devolver el IVA a 19 millones de colombianos de menores ingresos y destinar $30 billones a la salud durante cuatro años, además de promover la inversión y reducir la burocracia.
El alcance del proyecto muestra que el Gobierno busca reunir varias de sus prioridades económicas bajo una misma iniciativa. Sin embargo, las metas anunciadas dependen de la aprobación del articulado, de los recursos que efectivamente se obtengan y de su ejecución posterior. La devolución del impuesto y la inversión prevista para salud son compromisos planteados dentro de esa estrategia, cuyos resultados todavía deberán medirse.
El Ejecutivo enfrenta, además, un calendario apretado. La iniciativa fue radicada con mensaje de urgencia y, al comenzar la segunda semana de noviembre, disponía de poco más de seis semanas para buscar su aprobación sin recurrir a sesiones extraordinarias. Ese margen exige negociar una propuesta que reúne cambios sobre consumo, renta, aportes laborales y funcionamiento estatal.
El trasfondo es un déficit fiscal que cerraría 2026 en 7,2% del PIB. En términos sencillos, los ingresos públicos no alcanzan para cubrir los gastos y la diferencia debe financiarse. El problema se profundiza cuando aumentan las obligaciones, se encarece el crédito o los nuevos recursos no llegan al ritmo previsto.
José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que, sin una corrección, el déficit del Gobierno Nacional Central podría superar 9% del PIB en 2027. Su diagnóstico vincula esa trayectoria con desbalances acumulados, compromisos sin ingresos permanentes y normas que limitan la capacidad de modificar el presupuesto. Para el Ejecutivo, esto reduce el margen de maniobra, pues buena parte del gasto ya tiene un destino que no puede cambiarse libremente.
La discusión sobre la Ley de Rescate, cuyo ajuste se ha estimado en alrededor de $45 billones, también incluye cuestionamientos sobre la composición del esfuerzo. La controversia consiste en establecer si la mayor parte provendrá de una reducción efectiva del gasto estatal o de nuevas obligaciones para los contribuyentes.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, cuestionó la presentación de un ajuste basado en 70% de austeridad y 30% de impuestos. Según sus cálculos, de un paquete de $43 billones, unos $31 billones corresponderían a parafiscales, cotizaciones e impuestos al consumo, mientras el recorte efectivo del Estado sería de $12 billones. Su crítica apunta a que trasladar obligaciones a empresas, independientes y consumidores no equivale a reducir el costo del aparato público.
La diferencia importa para evaluar los resultados. Un menor gasto permanente puede disminuir necesidades futuras de financiación, mientras un nuevo impuesto aumenta los ingresos del Estado. Ambas herramientas pueden contribuir al ajuste, pero tienen efectos distintos y distribuyen de manera diferente el esfuerzo entre el sector público y los particulares.
Uno de los capítulos más sensibles es el impuesto al valor agregado, IVA. La propuesta modificaría desde 2028 las exclusiones de varios alimentos. Aunque mantendría por fuera del tributo productos como arroz, papa, yuca, panela y pan, otros bienes de consumo frecuente, entre ellos café, chocolate, sal, azúcar, pastas y aceites, quedarían sujetos al impuesto.
En este punto, la devolución anunciada para 19 millones de personas será determinante para evaluar el efecto sobre los hogares de menores ingresos. La discusión comprende tanto el valor del beneficio como su cobertura y las condiciones para recibirlo. Una compensación puede perder alcance si quienes necesitan acceder a ella encuentran dificultades para cumplir los requisitos.
Junco cuestionó, precisamente, que la devolución dependa de la factura electrónica, por las barreras que esto puede representar para quienes compran en plazas de mercado o establecimientos donde no reciben ese soporte. Desde su perspectiva, el mecanismo debería alcanzar también a los consumidores que adquieren alimentos sin factura, mediante una devolución organizada en dos niveles.
La iniciativa contempla, además, llevar de 5% a 19% el IVA de los vehículos híbridos y eléctricos y de los programas de medicina prepagada. Son dos modificaciones con efectos sobre decisiones de compra y contratación que hoy cuentan con un tratamiento tributario reducido. Su aplicación dependerá de la versión que apruebe el Congreso.
Las compras internacionales de menor valor también entrarían en el ajuste. El proyecto propone eliminar el beneficio tributario para determinadas importaciones inferiores a US$200, lo que implicaría aplicar un IVA de 19% a operaciones realizadas mediante plataformas como Temu y Shein. Con ello, parte de la discusión sobre recaudo se traslada al comercio electrónico y a los precios finales para sus usuarios.
Otros cambios alcanzarían licores, vinos, cerveza, cigarrillos, apuestas por internet y bebidas ultraprocesadas. César Camilo Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, cuestionó particularmente los impuestos propuestos para la cerveza. A su juicio, su diseño responde a intereses de recaudo departamental y no a una política de salud pública suficientemente sustentada.
La renta de las personas naturales es otro frente de discusión. Junco advirtió sobre una diferencia entre la nueva tabla, que comenzaría a generar impuesto desde ingresos de $4,24 millones, y los umbrales de retención y obligación de declarar, que ubicó en $5,01 millones. El exfuncionario considera que esa distancia crea una zona gris que debería aclararse durante el trámite.
Para los asalariados, la propuesta también contempla mayores aportes a salud cuando sus ingresos superen dos salarios mínimos. Según el nivel de remuneración, la contribución podría subir desde el actual 4% hasta un techo de 8%. El efecto sería un mayor descuento sobre el salario y, por tanto, una reducción del dinero disponible después de los aportes.
Por el lado empresarial, el articulado modificaría las condiciones de la exoneración de parafiscales, con nuevas obligaciones destinadas al Sena y al Icbf. Junco planteó conservar el beneficio en sus condiciones actuales y cuestionó la combinación entre mayores cargas sobre la nómina y una reducción del impuesto de renta de las compañías.
Esa rebaja, de 35% a 31%, es uno de los puntos que propone retirar. De acuerdo con sus estimaciones, tendría un costo fiscal de $4 billones en 2027 y de $12 billones anuales desde 2028. Su reparo es que el Estado dejaría de recibir esos recursos mientras exige un esfuerzo adicional a otros contribuyentes y a los empleadores por sus trabajadores.
El exdirector de la Dian también pidió modificar la sobretasa extractiva para que dependa de la rentabilidad y no del precio internacional de los productos. Según explicó, una cotización baja puede dejar sin efecto el cobro incluso cuando una empresa conserve márgenes elevados. Su alternativa contempla un límite de 50% de la utilidad depurada.
Entre las fuentes adicionales que propuso figura un impuesto temporal y por una sola vez al patrimonio de grandes empresas, denominado Préstamo Valiente, al que atribuye un potencial de $13,6 billones. También planteó recuperar 15% de una cartera morosa de la Dian estimada en $61 billones mediante un mecanismo excepcional de reconciliación tributaria.
A ello sumó la venta de activos no esenciales por entre $55 billones y $75 billones, con destinación exclusiva al pago de deuda, y una reorganización estatal que reduciría de 19 a seis los ministerios y eliminaría 48 entidades. Según sus cálculos, esta última medida permitiría ahorrar $26 billones al año. Son alternativas del exfuncionario, cuyos montos y viabilidad tendrían que evaluarse antes de incorporarlos como recursos disponibles.
La discusión llega a un país con una larga secuencia de modificaciones tributarias. Según el recuento publicado por La República, desde comienzos de siglo se han aprobado 13 reformas durante cinco administraciones, una frecuencia equivalente a un cambio cada dos años. La iniciativa de De la Espriella se suma a ese historial, aunque todavía debe superar su trámite legislativo.
El recorrido se remonta al gobierno de Andrés Pastrana, durante el cual surgió el impuesto a las transacciones financieras, inicialmente conocido como 2x1.000. Su tarifa aumentó posteriormente a 3x1.000 y luego a 4x1.000, convirtiéndose en uno de los gravámenes más reconocidos por los usuarios del sistema financiero.
Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe se aprobaron cuatro reformas: las leyes 788, 863, 1111 y 1370. Entre sus disposiciones estuvieron sobretasas al impuesto de renta, ampliaciones de la base del IVA, cambios en los beneficios por inversión y modificaciones al impuesto al patrimonio. En ese periodo también se elevó a 4x1.000 el gravamen a las transacciones financieras.
Las dos administraciones de Juan Manuel Santos tuvieron otras cuatro reformas. La Ley 1430, impulsada por Juan Carlos Echeverry, eliminó la deducción en renta por inversión y la sobretasa al consumo de energía eléctrica para el sector industrial. Posteriormente, bajo la gestión de Mauricio Cárdenas, se aprobaron las leyes 1607, 1739 y 1819.
Entre los cambios de ese periodo estuvieron la creación del impuesto sobre la renta para la equidad, conocido como CREE, y del impuesto a la riqueza. La Ley 1819 introdujo una de las modificaciones más visibles para los consumidores: el aumento de la tarifa general del IVA de 16% a 19%.
Durante el gobierno de Iván Duque se presentaron tres reformas. La Ley 1943 de 2018, liderada por Alberto Carrasquilla, contempló una reducción gradual de renta y beneficios asociados a la adquisición de bienes de capital. Tras su declaratoria de inexequibilidad, se aprobó la Ley 2010 de 2019, que incluyó la devolución del IVA a hogares vulnerables y los días sin IVA.
La tercera fue la Ley 2155 de 2021, presentada por José Manuel Restrepo, hoy vicepresidente, que aumentó en cinco puntos la tarifa de renta para personas jurídicas. Después, durante la administración de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo tramitó la Ley 2277 de 2022, con cambios en la tributación de dividendos de personas naturales y una tributación mínima para personas jurídicas.
Ese historial añade una exigencia a la propuesta actual: demostrar que puede contribuir a una corrección duradera. La frecuencia de los cambios muestra que aumentar los ingresos en un momento determinado no ha eliminado la necesidad de nuevos ajustes en gobiernos posteriores.
Para De la Espriella, la negociación ocurre después de un accidentado trámite presupuestal. El Presupuesto General de la Nación de 2027 terminó expedido por decreto, por $634,9 billones, tras los vicios registrados en el Legislativo. El documento recogió lo aprobado en primer debate y dejó por fuera modificaciones posteriores.
Entre las partidas que no se incorporaron quedaron $3 billones adicionales para salud, traslados por $3,8 billones para atención y reconstrucción después del terremoto y $3 billones para subsidios de energía y gas. Esto mantiene abiertas necesidades de financiación mientras el Ejecutivo busca los recursos de la reforma.
El Gobierno explicó que el presupuesto aumentó frente a la propuesta de $575,6 billones de la administración anterior porque incorporó obligaciones no contempladas. Entre ellas señaló $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, $6,5 billones para pensiones, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos y $2 billones para salud.
La deuda tendrá un peso considerable: su servicio contará con $155,43 billones, frente a $88,14 billones para inversión. José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, advirtió que extender vencimientos no reduce el capital adeudado y puede implicar mayores intereses. A esa presión se suman tasas de los títulos de deuda pública, TES, que rozan 14%.
La administración también restableció contactos con el Fondo Monetario Internacional, FMI, en la búsqueda de financiación externa. El acercamiento forma parte de las gestiones de los primeros meses, aunque no equivale a un crédito aprobado ni a un desembolso. La necesidad de asegurar ingresos sigue ligada al reto de evitar un crecimiento persistente de las obligaciones.
Mientras se negocia el ajuste fiscal, los hogares continúan enfrentando aumentos de precios. La inflación anual llegó a 6,3% en octubre, por encima del rango de referencia de 2% a 4% del Banco de la República. Alojamiento, restaurantes y servicios han contribuido a la presión, junto con efectos rezagados del aumento salarial de 2026 y los primeros impactos de El Niño.
Este comportamiento mantiene limitado el margen del Emisor para reducir el costo del dinero. La tasa de interés se ubica en 12,25% y durante el periodo del nuevo Gobierno el ajuste acumulado ha sido de apenas 25 puntos básicos. Para hogares y empresas, esto prolonga un escenario de crédito costoso para financiar compras, capital de trabajo e inversión.
El empleo ofrece una señal favorable, aunque incompleta. La tasa de desempleo pasó de 10,9% en enero a 8% en septiembre, pero la informalidad continúa por encima de 54% de los ocupados. La reducción del desempleo comprende meses anteriores y posteriores al cambio de gobierno, por lo que no puede atribuirse enteramente a las decisiones de la nueva administración.
La persistencia de la informalidad será relevante al evaluar las modificaciones sobre aportes laborales. El Gobierno necesita recursos, pero también enfrenta el desafío de ampliar el empleo con protección social. Las condiciones para contratar formalmente forman parte de esa discusión, especialmente cuando el articulado propone nuevas cargas para segmentos de empleadores y trabajadores.
En el frente cambiario, la tasa representativa del mercado promedió $3.178 desde la posesión presidencial hasta la segunda semana de noviembre. El dólar más barato favorece algunas importaciones, pero reduce los pesos que reciben quienes venden al exterior. Asoexport estimó que el menor valor de la divisa ha representado $1,8 billones menos en ventas para los exportadores en lo corrido del año.
Los analistas de Visión Davivienda advirtieron sobre una apreciación del peso que consideran excesiva y sobre un déficit comercial de bienes cercano a US$20.000 millones en los últimos 12 meses. Según su análisis, las compras externas no energéticas entre enero y agosto fueron impulsadas por una mayor demanda de bienes durables, particularmente maquinaria y vehículos.
El petróleo ha servido de apoyo. El brent se ha mantenido por encima de US$80 desde agosto, con picos de US$117, en medio de las tensiones de Oriente Medio. Entre enero y septiembre, las exportaciones de crudo y derivados crecieron 19,7%, mientras Ecopetrol ya superó los $9 billones de utilidades obtenidos en 2025.
Las remesas también respaldan el ingreso de los hogares receptores y la entrada de divisas. Los envíos de colombianos desde el exterior completan 28 meses consecutivos por encima de US$1.000 millones mensuales. En julio alcanzaron US$1.078 millones y en agosto US$1.144 millones, dentro de una tendencia que comenzó antes de la posesión.
Estos ingresos conviven con obligaciones externas elevadas. La deuda externa total del país llegó a US$254.000 millones en agosto, equivalente a 50% del PIB. La cifra incluye compromisos de distintos sectores y debe distinguirse de la deuda exclusiva del Gobierno, aunque permite dimensionar otra parte del panorama financiero.
A las dificultades económicas se sumó el terremoto del 10 de agosto, ocurrido tres días después de la posesión. La emergencia dejó cerca de 300 muertos y más de 260.000 afectados e incorporó nuevas necesidades de gasto para atender a los damnificados y reconstruir los territorios.
La gestión de esa respuesta también tuvo cambios. Después de los cuestionamientos por los salarios del Fondo Milagro y la renuncia de Jaime Uribe a su gerencia, el Ejecutivo anunció la llegada de Luis Felipe Henao, quien asumirá sin remuneración. El exministro de Vivienda tendrá el encargo de acelerar la reconstrucción y anunció austeridad en el equipo.
La salud representa otra de las principales cuentas pendientes. Durante la campaña, De la Espriella prometió estabilizar el sistema con $10 billones en 90 días. Al llegar a los 100 días, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque y mecanismos de financiación, mientras la Ley de Rescate plantea una inversión de $30 billones en cuatro años. La ejecución de esos recursos será determinante para evaluar el cumplimiento de sus compromisos.
El problema financiero venía de antes. A junio de 2026, las 23 EPS analizadas por Así Vamos en Salud acumulaban un déficit patrimonial de $18,7 billones. A su vez, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reportó cuentas por cobrar de las instituciones prestadoras por $27,8 billones, de las cuales 60,5% estaban vencidas.
La respuesta incluye un plan dirigido inicialmente a 1.069.196 pacientes con medicamentos, citas o procedimientos pendientes y créditos a las EPS mediante la Adres, con giro directo a prestadores y proveedores. Sin embargo, los resultados requieren distinguir unidades de medicamentos entregadas, solicitudes resueltas y personas que ya tienen cerrados todos sus pendientes, indicadores que no son equivalentes.
Para 2027 también deberá definirse la financiación de la unidad de pago por capitación, UPC, con la que las EPS cubren la atención de sus afiliados. La ministra Ana María Vesga anticipó un posible aumento de entre 12% y 13%, sujeto a estudios, lo que agrega otra exigencia al debate sobre los recursos del próximo año.
La ejecución de las medidas transcurre, además, en medio de cambios tempranos en el equipo estatal. Antes de completar los 100 días se registraron más de 17 salidas de altos funcionarios, incluidos dos ministros y movimientos en entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Dane y la Adres. La continuidad de los equipos será relevante para administrar recursos y desarrollar los programas anunciados.
La CRA le presentó a la Corte Constitucional esta medida que tiene como propósito proteger los derechos de los recicladores de oficio
Según el Instituto, de un gasto tributario estimado en cerca de $153 billones por beneficios en renta e IVA, aproximadamente $100 billones corresponden a tratamientos preferenciales
Según las cifras presentadas por XM, las reservas hídricas están en 79,07%; caribe (92,14%), oriente (88,07%) y caldas (82,44%), las regiones con el volumen útil diario más alto
