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Por vicios de trámite en el Congreso, el PGN del próximo año fue aprobado vía decreto, con lo que se discutió en el primer debate en el Legislativo y será el más alto
Una situación inédita se presentó durante el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027: por primera vez, el presupuesto se expidió por decreto debido a vicios en el trámite legislativo. Sin embargo, esta fue la tercera ocasión, desde 1991, en que se aprobó por esta vía. Los antecedentes fueron el de 1991, tras el cambio de Constitución, y el de 2025, cuando la falta de quórum impidió debatir el proyecto en el Congreso y el Gobierno Petro recurrió al llamado ‘decretazo’.
El PGN 2027 será, nuevamente, el más alto de la historia del país, con un monto de $634,9 billones. El documento expedido corresponde al texto avalado en el primer debate del Legislativo, por lo que quedaron por fuera las adiciones y modificaciones realizadas durante el segundo debate, tal como establece el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Entre los cambios que no se incorporaron están la adición de $3 billones para el sector Salud, los traslados de $3,8 billones para la atención y reconstrucción tras el terremoto y de $3 billones para subsidios de energía y gas. También quedaron por fuera $7.000 millones destinados a Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven y la Transferencia para Personas con Discapacidad.
El monto tomó por sorpresa a los analistas y al mercado, que esperaban una cifra inferior a la última propuesta presentada por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, que ascendía a $575,6 billones.
Frente a esta diferencia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella explicó que el presupuesto incorporaba partidas que no habían sido contempladas por la administración anterior. Entre ellas, $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, $6,5 billones para el pago de pensiones, $4,5 billones para los salarios de los funcionarios públicos, $2 billones para el sistema de salud, entre otros.
En cuanto a la distribución sectorial, Educación ocupa el primer lugar, con una asignación de $93 billones. Le siguen Salud y Protección Social, con $81,57 billones; Defensa y Policía, con $74,93 billones; Trabajo, con $66,92 billones, y Hacienda, con $43,5 billones.
En conjunto, estos cinco sectores concentran más de la mitad de los recursos previstos para el gasto público en 2027.
Otros sectores también recibirán partidas importantes: Inclusión Social y Reconciliación, con $25,1 billones; Transporte, con $21,6 billones; Rama Judicial, con $11,5 billones; y Fiscalía, con $7,7 billones.
Por tipo de gasto, el presupuesto quedó distribuido en $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para el servicio de la deuda y $88,14 billones para inversión.
Precisamente, el comportamiento de la deuda fue uno de los puntos cuestionados por los analistas. José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, advirtió que esta aumenta con el nuevo PGN, mientras que ninguno de los rubros de funcionamiento o inversión se redujo.
“El reperfilamiento de la deuda pública no es otra cosa que diferir su pago a más largo plazo, pero a mayor costo. No se reduce el monto adeudado, sino que se aplaza su pago, pero pagándoles más intereses a los prestamistas”, explicó.
A la discusión sobre el presupuesto se suma la situación de las finanzas públicas. Tras su expedición, el Gobierno presentó la Ley de Rescate Económico, que contempla medidas de reducción del gasto y cambios en materia tributaria, en medio de un déficit fiscal que cerraría en 7,2%.
A esto se suma el repunte de las tasas de los bonos de deuda pública TES en todos los tramos de la curva, que rozan 14%.
José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que Colombia no puede seguir aplazando un ajuste de sus finanzas públicas. Según señaló, sin una corrección fiscal, el déficit del Gobierno Nacional Central superaría 9% del PIB en 2027, el nivel más alto de su historia. “Este hueco no surgió de la nada. Es fruto de desbalances recurrentes, de leyes que han vuelto inflexible el presupuesto y de una administración anterior que asumió compromisos sin ingresos estables”, afirmó.
La hoja de ruta también contempla reducir la pobreza monetaria a 20%, estabilizar la deuda pública en 64% del PIB y avanzar hacia una inflación de largo plazo de 3%
El proyecto de reforma presentado por el Gobierno distribuye la necesidad de recaudo adicional entre consumidores, empleadores, empleados y gente de alto ingreso
La gran tarea hoy es repensar cómo debe operar el Estado. No solo reducirlo, sino hacerlo eficiente, sin redundancias y con cuentas que cuadren
