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Abecé de la Ley de rescate fiscal.
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El proyecto de reforma presentado por el Gobierno distribuye la necesidad de recaudo adicional entre consumidores, empleadores, empleados y gente de alto ingreso
El Gobierno de Abelardo de La Espriella comienza a jugarse buena parte de su capital político con la Ley de Rescate Fiscal, un proyecto de reforma tributaria con el que se busca recaudar cerca de 2,2% del PIB. Tal como lo aseguró el Ministerio de Hacienda, se busca estabilizar las finanzas de la Nación y frenar el endeudamiento como fuente de capital para cubrir las obligaciones del Ejecutivo.
El actual presidente recibió una casa con desbalances que deben intervenirse. Sin embargo, poner las cuentas en orden exige acudir a una de las herramientas más impopulares: el cobro de impuestos.
La Ley de Rescate Fiscal propone que ese ajuste llegue por dos vías: el recorte del gasto público y un recaudo tributario adicional. Con base en ello, solo en 2027 se estima un impacto pecuniario de entre $47 billones y $50 billones.
En el aspecto tributario, el proyecto propone aumentar el ingreso al tocar el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Aquí se concentra la tensión política porque se aumentan cobros que tocan el bolsillo de los 52 millones de colombianos.
“Dentro de lo que sobra se encuentra la bajada de la tarifa de renta de las empresas de 35% a 31%, que cuesta $4 billones en 2027 y favorece al que tiene máquinas”.
“Sobran los impuestos a la cerveza. No respetan los parámetros básicos de la teoría de los impuestos pigouvianos e imponen un recado que no está basado en las políticas de salud”.
El Artículo 42, por ejemplo, modifica la lista de alimentos excluidos del IVA. Pese a que exonera comestibles de la canasta básica como arroz, papa, yuca, panela y pan, deja una amplia lista de productos en el paredón impositivo desde 2028. Entre ellos, café, chocolate, sal, azúcar, pastas y aceites.
En esa misma línea, el Artículo 106 deroga la tarifa reducida de 5% a los vehículos híbridos y eléctricos. De tal manera, los compradores asumirían un IVA completo de 19%.
En ese mismo universo del IVA, también se propone derogar el beneficio a las compras internacionales por menos de US$200. Esta es una propuesta con la que se cargaría un cobro de 19% a las llamadas importaciones minimí, aquellas despachadas por plataformas como Temu y Shein.
Otros productos y servicios a los que se les aplicará un incremento son licores y vinos, cerveza, cigarrillos, apuestas por internet y bebidas ultraprocesadas.
Si el proyecto pasa como está, los empleadores y los empleados formales también asumirán incrementos, pues de acuerdo con los artículos 20 y 21, el empresario ahora deberá pagar 1% en parafiscales destinados al Sena y al Icbf por cada trabajador que gane más de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, Smmlv, cuando el umbral anterior estaba en 10 salarios. Además, los trabajadores asumirán un aporte extra a salud si devengan más de dos salarios mínimos. Dependiendo del sueldo, ese pago pasará del actual 4% hasta un techo de 8%.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, plantea quitar la rebaja de renta empresarial (pasaría del actual 35% a 31% en 2028), el IVA a la canasta y la sobretasa extractiva atada a los precios internacionales, a su juicio, esta última debe enlazarse a la rentabilidad.
Además, desde su óptica, el texto debería incluir un impuesto temporal al patrimonio de grandes empresas, un enfoque en recuperar cartera morosa con la Dian, vender activos y reorganizar el Estado.
En tres meses del Gobierno De abelardo de la Espriella, ya han salido dos ministros, seis viceministros y directivos de entidades como la agencia jurídica del estado y la Adres
