Un incremento moderado del control de las entidades del estado sobre prácticas irregulares con respecto al 2011 fue uno de los resultados de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional que realiza en Dane para conocer la percepción que tienen los funcionarios públicos de la lucha contra la corrupción.
“Estamos hablando de valores dentro del punto de vista de lo que es la protección del bien público, la respuesta del funcionario al ciudadano, entre otros valores éticos, culturales e intelectuales”, explicó el director del Dane, Jorge Bustamante.
Según el estudio, los empleados de las distintas instituciones creen que la conducta del personal en general se caracteriza por velar por el correcto uso de los recursos públicos, facilitar el control social de la ciudadanía y respetar las normas.
El compromiso de los funcionarios de reportar prácticas irregulares se mantiene estable y el 96.9% indicó que lo hacía porque era su deber, mientras que otros destacaron que al hacerlo se tomarían medidas correctivas. También resalta la importancia que el personal dio a la confidencialidad y al hecho de que no se tomen represalias en su contra.
Sin embargo, la seguridad al reportar dichas situaciones se deposita en el jefe inmediato (50.8%) mientras que la decisión de hacerlo ante los medios de comunicación no tiene respaldo: el 25.9% de los encuestados expresaron no sentir nada de confianza. La Procuraduría, Contraloría y Fiscalía también obtuvieron buenas críticas.
En cuanto a los factores que generan prácticas irregulares el 75.3% dijo que se trataba de una ausencia de valores éticos y el 61.8% que se debía a la falta de control administrativo.
Como estrategias efectivas para prevenir la incidencia de estos hechos resaltaron el fortalecimiento del control interno (31.6%), la rendición de cuentas (27.4%) y la selección de funcionarios públicos por méritos (25.7%). Mientras que la promoción de veedurías ciudadanas perdió puntos por la falta de conocimiento que se tiene sobre el tema.
La imagen negativa recae sobre los altos funcionarios del Gobierno, ya que el 12.4% de los encuestados manifestó que son los actores que ejercen mayor influencia negativa sobre las entidades.
Los mayores avances con respecto a la misma encuesta y sus resultados en el 2010 son los relacionados con la contratación: la vinculación de funcionarios basada en influencias políticas, por ejemplo, pasó de un 41% a un 26.4%; mientras que la contratación por vínculos familiares o personales se redujo de 41.9% de 2010 a 28.7% en 2012 y los pagos extraoficiales cayeron del 12.9% al 6.1%.
Así mismo, la programación y ejecución presupuestal se baso poco en vínculos o presiones políticas (8.3%) en comparación con años anteriores (16.3% en 2010) y en intercambio de favores que pasó del 13.9% hace 3 años a un 6.8% para el último periodo.
Con respecto a los últimos años Bustamante explicó que los resultados han sido “difíciles de interpretar porque hubo un año de transición política, un cambio de gobierno”.
Finalmente, el director del Dane concluyó que se está avanzando “vamos por buen camino y hay que hacer mayores esfuerzos porque está la decisión del Presidente, Juan Manuel Santos, de crear una consejería para darle más sentido a estos temas”.
Por su parte, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, resaltó que la prevención de la corrupción no se resolvía “a punta de leyes y normas. Se requieren temas mucho más profundos de cambios institucionales, culturales al interior de las entidades”.
Con respecto a los resultados de la encuesta del Dane los describió como “interesantes” y dijo que aportaban al proceso del Gobierno de “construir una política integral de lucha contra la corrupción que va a dar sentido a ese marco jurídico que se está construyendo y nos va a permitir fortalecer herramientas como el acceso a la información, el control social y la protección a los denunciantes y a visibilizar las influencias políticas”.
Además, anunció que los esfuerzos de la Presidencia al respecto se enfocarán en el lanzamiento de un sistema para que cualquier ciudadano pueda denunciar prácticas irregulares en las que incurran entidades o servidores públicos. El modelo ofrecerá mayor seguridad y confidencialidad que los ya existentes.
LA ENCUESTA
Este instrumento, que brinda información cada año sobre el sector público, aporta al desarrollo de programas de lucha contra la corrupción.
Según el Dane, en el país hay unos 52.995 servidores públicos. Para este estudio se seleccionaron 21.340 personas que llenaron una encuesta virtual, los cuales en su mayoría (58.8%) eran profesionales que llevaban más de 16 años vinculados (36.3%).
Uno de los objetivos es determinar cuál es el ambiente dentro de cada institución y el desempeño de las entidades, por lo que recolecta información referente a las relaciones sociales en el sector público. La encuesta no mide directamente la corrupción, por el contrario, estudia la percepción de los trabajadores en materia de prevención de políticas irregulares.
DATO
El Dane define como prácticas irregulares toda conducta en la que incurre un funcionario cuando abusa de la posición que ostenta con el fin de obtener un provecho.
