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Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez
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Con este fallo se da vía libre al instrumento que busca garantizar seguridad jurídica a los inversionistas de ambos países y fortalecer la integración económica bilateral
La Corte Constitucional declaró constitucional el acuerdo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones, que se firmó entre Colombia y Venezuela el 3 de febrero de 2023. El fallo da vía libre a un instrumento que busca garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas de ambos países y fortalecer la integración económica bilateral.
La sentencia firmada por el presidente del alto tribunal, Jorge Enríque Ibañez, señala que las medidas sobre la promoción de inversiones, protección contra las expropiaciones, solución de controversias, salvaguardas ambientales, entre otros mecanismos cobijados por el acuerdo, sí se acogen a la regulación colombiana.
La sentencia detalla que el tratado contribuye al desarrollo sostenible, la internacionalización económica y la seguridad jurídica, sin afectar derechos fundamentales ni limitar la potestad regulatoria del Estado.
“La Corte adelantó el examen formal del Tratado y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto; además, concluyó que ni el tratado ni su ley aprobatoria requerían agotar el trámite de consulta previa, por cuanto no tienen un impacto positivo ni negativo sobre las condiciones de comunidades étnicamente diferenciadas”, explicó la Corte Constitucional en el fallo.
El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones pretende consolidar condiciones favorables para la inversión extranjera directa entre ambos países, fomentando el desarrollo sostenible, la transferencia tecnológica y la generación de empleo. Según el documento del pacto, esto se aplica a todas las inversiones realizadas por nacionales o empresas de una de las partes en el territorio de la otra, incluso a aquellas efectuadas antes de su entrada en vigor.
En líneas generales, busca que haya igualdad de trato entre los inversionistas, además que le pone una “protección” a la expropiación y nacionalización, y propone una “compensación por pérdidas” en caso de guerra, disturbios o emergencias.
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