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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República
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Por su parte, se evidenciaron inconsistencias en pagos por $1.949 millones y desembolsos asociados a ítems no ejecutados o sin soporte
tras una Auditoría de Cumplimiento realizada a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, correspondiente a la vigencia 2023-2024, la Contraloría estableció hallazgos fiscales por $4.642 millones en Corporación Carolina por fallas estructurales en el contrato para la recuperación de arrecifes en San Andrés.
Según el ente de control, se evidenciaron inconsistencias en un contrato interadministrativo orientado a evaluar la afectación de los arrecifes coralinos por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo y la recolección de muestras dentro del proyecto de recuperación de estos ecosistemas.
En particular, el contrato, suscrito el 28 de noviembre de 2023 entre Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa, Asomucosta, concentró un hallazgo con connotación fiscal por $3.000 millones.
La auditoría identificó falencias en los estudios previos que generaron incertidumbre sobre las necesidades reales del proyecto, así como falta de especificaciones en materiales, equipos y operación logística, lo que afectó la trazabilidad del valor contractual.
Por otro lado, también se señala que no se detallaron aspectos clave como el número de lanchas requeridas ni los insumos necesarios, incluyendo cantidades de ungüento y amoxicilina para las actividades en campo.
A esto se suman ítems no ejecutados, como la contratación de biólogos que, aunque correspondía al contratista, fueron vinculados por la Corporación y aun así se efectuaron pagos.
Adicionalmente, se identificaron servicios incluidos en propuestas, como vuelos internacionales, que no estaban contemplados en los estudios previos.
Por su parte, se evidenciaron inconsistencias en pagos por $1.949 millones y desembolsos asociados a ítems no ejecutados o sin soporte, que en conjunto alcanzan cerca de $3.000 millones.
En total, la Contraloría estableció 20 hallazgos administrativos, de los cuales ocho tienen connotación fiscal, 15 posible incidencia disciplinaria y dos posible incidencia penal; también se determinaron beneficios de auditoría por $107 millones.
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