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Contraloría General
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El informe destaca que la limitada capacidad institucional, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, ha dificultado la planeación, formulación y ejecución de los proyectos
La Contraloría General de la República presentó un informe que analiza el uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) durante el bienio 2021-2022, identificando limitaciones estructurales en su ejecución, especialmente en territorios productores de recursos no renovables.
Según la entidad, a pesar de los altos ingresos derivados de la actividad minera y petrolera, el impacto en calidad de vida y desarrollo local ha sido limitado, como lo demuestra el caso de La Jagua de Ibirico, que experimentó una crisis económica tras el retiro de una empresa minera.
Durante ese período, se aprobaron más de 5.400 proyectos con una inversión que supera los $23 billones. A cierre de 2024, 63 % de esas iniciativas se encontraba finalizado. Aunque se financiaron sectores estratégicos, el transporte concentró $7 billones, desplazando otras áreas como salud, educación y medio ambiente.
El estudio señala que, si bien las obras viales mejoran la conectividad, muchas resultan costosas de mantener y no necesariamente contribuyen a cerrar brechas sociales.
Más de la mitad de los departamentos asignaron la mayor parte de las regalías al sector transporte sin contar con evidencia clara sobre su impacto en el desarrollo. La Contraloría también encontró que más de 125 proyectos, por un valor de $1,1 billones, se destinaron a cubrir gastos operativos como alimentación y transporte escolar, uso que contraviene el carácter no recurrente que deben tener estos recursos.
El informe destaca que la limitada capacidad institucional, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, ha dificultado la planeación, formulación y ejecución de los proyectos. Se identificaron demoras, sobrecostos y obras inconclusas, asociados a la falta de estudios previos, deficiencias técnicas y escaso personal capacitado.
También se advirtió sobre la falta de articulación entre el SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP), lo que ha llevado a duplicación de esfuerzos e ineficiencias en la inversión pública. Esta situación, sumada a una fuerte dependencia fiscal de las regalías, ha limitado la capacidad de los municipios para diversificar sus fuentes de ingreso, afectando tanto a regiones productoras como no productoras.
El proyecto de Hacienda también derogaría la tarifa diferencial a productos como café, trigo, avena, maíz y arroz para uso industrial, harinas, pastas alimenticias, azúcar, chocolate de mesa, y carnes frías o embutidos, licores y vinos
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