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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general
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De acuerdo con el ente de control exhortó a los ministerios de Minas y Hacienda a ratificar el pago de subsidios a las empresas comercializadoras de energía
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, elevó una alerta porque al menos 10 millones de personas se podrían quedar sin servicio de energía, debido al atraso en el pago de subsidios a las empresas que prestan ese servicio público, y que afectaría a los usuarios en el Caribe, Nariño, Chocó y el Vichada.
El órgano de control le pidió al Ministerio de Minas y al de Hacienda, además de otras entidades estatales, para que se garanticen las necesidades y la prestación del servicio, y entre eso, que se cumpla con el giro de los recursos a las empresas de energía.
“Contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía”, detalló la Contraloría en un comunicado.
A juicio de la entidad, sumado al no pago de subsidios y la falta de recaudo por la opción tarifaria, el incumplimiento con los operadores del mercado mayorista pone en riesgo la prestación del servicio, dejando sin cobertura a servicios esenciales como la salud, educación, entre otros.
Además, la Contraloría les recordó a las autoridades territoriales que si no apartan recursos presupuestales para el pago de los servicios públicos de las entidades estatales, estarían incurriendo en faltas graves, las cuales ya han sido alertadas por otros entes de control como la Procuraduría.
“La sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió entonces que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, sentenció la Contraloría.
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