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Hay un riesgo inminente de daño al patrimonio público, en cuantía superior a $1.000 millones, con ocasión de la ineficiencia e ineficacia en la prestación del servicio del Sistema de Transporte Masivo -
Así lo dijo el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, debido a que así lo evidenciaron los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo.
Por medio de sus auditorías, el Ente de Control ha venido llamando la atención de la empresa de Transporte del Tercer Milenio -TM- sobre la problemática relacionada con la operación, afectación de los servicios troncales y alimentadores y, la capacidad de la flota que presenta el Sistema; sin embargo, la ausencia de medidas correctivas ha propiciado situaciones que alteran el orden público y afectan el patrimonio distrital.
De acuerdo con lo evidenciado por la Contraloría de Bogotá, este tipo de hechos son consecuencia de deficiencias de planeación, programación y funcionamiento del sistema: frecuencias no óptimas en la atención de la demanda del servicio, pues las programadas, especialmente en horas pico, presentan largos tiempos entre las paradas de los buses para algunas rutas; infraestructura y rutas inadecuadas que no responden a la atención de la demanda y sistema saturado y sobrecupo.
Adicionalmente, se determinaron otros factores como deterioro de losas, riesgos de accidentalidad, numerosos cruces semafóricos que disminuyen la velocidad promedio y demora en la integración de Transmilenio y Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que afectan aún más la operación del Sistema.
De acuerdo con el Contralor de Bogotá, es indispensable establecer alternativas de solución urgentes para subsanar las fallas detectadas y garantizar así la eficiente operación del sistema, la ejecución total de las obras para la operación de la Fase III y el cumplimiento de los cronogramas que definen el inicio de la operación del SITP.
El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 10 días hábiles a la Administración Distrital, para informar acerca de las acciones correctivas que implementará para cumplir con la obligación constitucional y legal de ofrecer un transporte público con libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios. Esta respuesta la espera recibir el Ente de Control en la última semana de marzo de 2012.
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