Consejo de Estado negó solicitud de medida cautelar

Con esta decisión del Alto Tribunal, el proceso, previsto para este miércoles en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), sigue su marcha y el Gobierno podrá hacer la subasta de la energética con el único oferente que sigue en pie: la candiense Brookfield Asset Management

La decisión fue tomada en la sesión cuarta, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez, en la que se decidió que los argumentos presentados por el congresista en la solicitud no corresponden al procedimiento debido para dar vía libre a la medida cautelar.

"La razón fundamental radica en el hecho de que en el proceso se está impugnando la validez de los decretos que autorizaron la enajenación de dichas acciones y no los actos administrativos que regularon el procedimiento mismo o la validez de la eventual adjudicación", señala en un comunciado el Consejo de Estado.

Indica además que la decisión señala que los argumentos expuestos no hacen parte del texto de la demanda que presentaron algunos parlamentarios el año pasado, entre ellos el Senador Navarro, contra los decretos del Gobierno que autorizan la venta de Isagen.

“La demanda no se refiere a la pluralidad de oferentes, a la libre competencia, a la legalidad del procedimiento de enajenación o a la defensa de otro bien jurídico semejante. Solo, se insiste, en la validez de los decretos que autorizaron la enajenación de dichos activos”, señala la decisión del Ato Tribunal.

En el Auto se explica que los argumentos de la demanda deben estar acordes con la solicitud de medida cautelar, situación que en este caso no se cumple.

“Si lo que se pretende es atacar la forma en la que se reguló el procedimiento de la subasta, lo procedente era solicitar la nulidad del reglamento de enajenación y adjudicación de la segunda etapa de enajenación, acto que no hace parte del objeto de la demanda de la referencia y, por ende, no puede ser atacado  o cuestionado mediante la solicitud de una medida cautelar”, puntualiza la decisión.

Varios congresistas y diversos actores políticos y sindicales se han manifestado en contra de que el Gobierno Nacional realice dicha subasta, entre otros factores por solo existir una oferta sobre la mesa de la canadiense Brookfield Asset Management, lo que consideran inconveniente para los intereses del país.