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Los parlamentarios insistieron en la necesidad de implementar la renta básica en los términos que habían propuesto inicialmente
Después de que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, emitiera sus comentarios sobre la propuesta de un grupo de senadores de implementar una renta básica universal, los parlamentarios enviaron un memorando al titular de la cartera, respondiendo a su análisis.
En la misiva, los senadores firmantes explican que, del diálogo con el ministro, concluyen que "la debilidad estructural de las finanzas públicas del país se relaciona con cuatro realidades: primero, la fragilidad del aparato productivo con su enorme secuela de desempleados informales y pobres; segundo, la concentración protuberante de la riqueza; tercero, la exhorbitante extensión y profundidad de la pobreza en la población colombiana; y cuarto, la precariedad de la estructura tributaria del país que es regresiva, inequitativa, ineficiente e
insuficiente".
En ese sentido, los parlamentarios hicieron tres peticiones: en primer lugar insistieron en la necesidad de que el Presidente, en el marco de la Emergencia Económica, decrete "un impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales con tarifas que vayan desde 3% para patrimonios líquidos entre $3.000 y $4.000 millones y progresivamente hasta 9% para patrimonios líquidos superiores a $100.000 millones, y a los dividendos recibidos con una tarifa de más de 12% -incluidos los dividendos que se pagan a empresas o sociedades y no solamente a personas naturales”.
En segundo lugar, pidieron la postergación de los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2019 que "según las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, ascenderían a unos $9.4 billones al año (0.9% del PIB), que benefician a unos pocos agentes económicos y que no está comprobado su beneficio económico y social".
En tercer lugar, solicitaron que se avance en una reforma tributaria estructural, que sea tramitada en las próximas sesiones del Congreso de la República, "concebida bajo los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia".
Tras reiterar que su propuesta de renta básica alcanzaría aproximadamente 9 millones de hogares pobres y vulnerables, con una "renta básica de emergencia de un (1) SMLV por tres meses tanto para los 3 millones
de hogares vulnerables como para los hogares en pobreza y pobreza extrema (población cercana a 3.8 millones de hogares)", los senadores recordaron sus facultades para modificar, adicionar o derogar las disposiciones de los decretos emitidos durante el periodo de Emergencia Económica.
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