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Uno de los temas más polémicos en la recepción de comentarios y durante el proceso de consulta previa, fue acceso y formalización de tierras, procedimientos que a partir de ahora estarán reglamentados por el Decreto - Ley 902 de 2017 y que estarán manejados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El Presidente aseguró que el Decreto mantiene la creación del Fondo Nacional de Tierras, único mecanismo diseñado para priorizar la entrega y acceso a los predios por parte de las más de 800.000 familias que nunca han tenido acceso a la tierra.
Sin embargo, el articulado final sí presenta algunas modificaciones con respecto a la primera versión presentada, respondiendo según Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, a los ajustes y comentarios que propusieron los diferentes gremios agroindustriales encabezados por la SAC y a los comentarios realizados por las comunidades afro e indígenas que participaron en la consulta previa.
Uno de ellos es el tope de patrimonio neto que pueden llegar a tener los beneficiarios. En primera instancia se había definido que no podía superar los $110 millones, pero en el texto definido este aumentó a $184,4 millones.
De la misma forma, ya no serán tenidos en cuenta como recursos para el Fondo Nacional de Tierras los dineros obtenidos por procesos de extinción de dominio de cualquier predio que incumpliera con las disposiciones del Decreto o proveniente de expropiación de baldíos indebidamente adquiridos.
En cuanto a los programas de desarrollo con enfoque territorial también se sancionó otra norma (Decreto 893 de 2017) con la que se busca priorizar la implementación de los planes sectoriales en las zonas establecidas dentro del Acuerdo Final. Estos solo podrán ser formulados una vez y tendrán una vigencia de 10 años.
El ex viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda, aseguró que “la clave de estas políticas con enfoque territorial es que se hagan de forma participativa y que sobrepongan el interés general sobre el particular” justamente para lograr una implementación satisfactoria de los acuerdos, teniendo en cuenta a la población y respetando las directrices del Estado.
También se decretaron las disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural que será una de las tareas principales del Ministerio de Agricultura durante los próximos 30 días. Según Pineda, “lo que se quiso fue pensar una vivienda para lo rural” y no adaptar un diseño urbano a otro tipo de necesidades.
Por último, se implementará un Plan Nacional de Electrificación Rural que busca principalmente ampliar la cobertura y adaptar el servicio.
Hay más estímulos para la inversión
El Ministerio de Agricultura pondrá a disposición de los productores agropecuarios $70.000 millones a través del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y $22.000 millones en la Línea Especial de Crédito (LEC), con tasa subsidiada, a partir del 1 de junio. Esta vez, la bolsa de recursos del ICR, tendrá un rubro especializado en compra de maquinaria y equipos por $25.000 millones, dirigido a todos los departamentos. Además la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) implementará un programa de asistencia técnica agropecuaria con enfoque territorial para cerca de 50.000 productores.
La Opinión
Juan Pablo Pineda
Ex viceministro de Agricultura
“La clave de estas políticas con enfoque territorial es que se hagan de forma participativa y que sobrepongan el interés general sobre el particular”.
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