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Son más de 3.000 los excombatientes que tienen limitaciones de salud.
En el marco del Primer Congreso Bienal de la Asociación Colombiana de Salud Pública, se discutieron los diferentes retos que tendrá el sistema de salud colombiano en el posconflicto. Una de las preocupaciones será el gran número de factores de riesgo que en salud pública tendrán los excombatientes y lo que estos problemas le pueden representar a la carga prestacional del sistema de salud.
Si se tiene en cuenta la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2017 en el régimen subsidiado, tan solo en cobertura y atención en salud los 6.803 desmovilizados que llegaron a las Zonas y Puntos Veredales de Normalización le cuestan al sistema $4.540 millones en promedio, cifra que podría ser mucho más alta si se tiene en cuenta que 3.300 de ellos presentan algún tipo de limitación en salud, especialmente visual, cardíaca o respiratoria, y que 54% tiene al menos un hijo a cargo.
Sin embargo, Dionne Cruz, secretaria General de la Asociación Colombiana de Salud Pública, considera que el problema no está en la consecución de los recursos. Para ella, con un presupuesto de $40 billones se puede cubrir no solo la carga actual en temas de salud pública, sino la que llega con el ingreso de los excombatientes.
Cruz dijo que el problema es más administrativo. Algo en lo que también concuerda Elkin Sánchez, decano de la Ciencias de la Salud de la Universidad de la Salle, quien aseguró que los recursos para financiar las cargas del posconflicto ya están asegurados, pero el problema es los dineros que se dejan de percibir por corrupción.
Según cifras de la organización, a la salud se le escapan $4,5 billones al año, tan solo por temas de corrupción, monto con el que también se podría financiar parte de la deuda que las EPS tienen con los hospitales públicos.
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