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ECONOMÍA

Colombia, comodín político de la crisis en Venezuela

domingo, 30 de agosto de 2015
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Colprensa

Días antes, la Corbeta de la Armada Colombiana ARC Caldas, se encontró con la cañonera Libertad venezolana, provocando el mayor impasse diplomático en las relaciones con el vecino país, tras reclamaciones de ambos países sobre el golfo de Coquivacoa. 

Esta misma diferencia limítrofe revivió en junio, luego de que el vecino país emitiera un decreto con el que buscaba establecer la delimitación de áreas marinas y submarinas a través de la creación de varias Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, Zodimain. 

A estos hechos los antecede el Tratado de Límites entre el presidente venezolano Eleazar López Contreras y el colombiano Eduardo Santos, el 5 de abril de 1941, donde se estableció que 108.000 kilómetros cuadrados de territorio venezolano pasaron a la soberanía de Colombia. 

El documento asignó una porción de costas sobre el Golfo de Coquivacoa a Colombia, con base en el concepto de "costa seca", lo que traduce que la jurisdicción colombiana cesa al comenzar el agua, donde empieza a ser dominio venezolano. 

Sin embargo, en 1952, por sugerencia de Venezuela, el entonces canciller colombiano, Juan Uribe Holguín, entregó mediante una nota los Islotes de los Monjes, sin percatarse que constitucionalmente, los límites de Colombia solo podían variarse en virtud de tratados o convenios aprobados por ley. 

Como dicha iniciativa no fue aprobada por el Congreso, dos años más tarde iniciaron negociaciones directas entre los dos gobiernos para llegar a un acuerdo sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas. 

Entonces, en 1958, durante la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, se estableció la “Línea Media” para demarcar las aguas compartidas. 

Si bien Colombia se acogió al acuerdo, Venezuela mantuvo diferencias, por lo que desde entonces permanece vigente la lucha por la delimitación de áreas marítimas. 

A esto se suman ya conocidos problemas en la frontera terrestre, una de las más extensas de la región (2.219 kilómetros) y una de las más habitadas en Suramérica; que por fenómenos como el contrabando, el comercio ilegal y la presencia de actores armados y estructuras criminales mantiene en jaque a los gobiernos de ambos países. 

ANTES Y DESPUÉS DE CHÁVEZ 

Si bien los conflictos más tensos entre Colombia y Venezuela han sido provocados por conflictos territoriales, la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, cambió sustancialmente la razón de las disputas entre los dos gobiernos. 

Según Román David Ortíz, politólogo y director de la firma de consultoría sobre cuestiones de riesgo político, Decisive Point, algunas medidas del régimen chavista exceden las fricciones normales de dos países vecinos. 

“Lo que tenemos después de la llegada del chavismo es que hay un régimen por naturaleza agresivo y radical. Desde entonces lo que ha pasado es que hemos tenido un gobierno en Venezuela que quiere expandir, al costo que sea, un proyecto ideológico que es la revolución bolivariana”, indicó. 

De allí que además de las diferencias por territorios, que mantuvieron su cause natural con delegados y comisiones encargadas de adelantar negociaciones, se sumaran ingredientes políticos a la discusión por un choque de modelos: el antiliberalismo de la economía venezolana y el capitalismo en modernización de Colombia. 

Ahora, en la coyuntura actual en la que el cierre de la frontera ordenado por Nicolás Maduro, analistas explican que Colombia se convirtió en una salida política a la crisis social y económica que afecta a Venezuela y a la popularidad del chavismo frente a las elecciones regionales de diciembre próximo. 

Andrés Mejía Vergnaud, analista político y autor del libro “El destino trágico de Venezuela”, explica que si bien faltan elementos para que esta crisis termine en enfrentamientos bélicos, las relaciones quedarán en la peor situación, desde que llegó el gobierno de Santos con el empeño de recuperar el diálogo resquebrajado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

“El gobierno de Venezuela tiene por primera vez, desde que el chavismo llegó al poder, una alta probabilidad de perder el poder legislativo y por la situación económica, la presión interna para generar este tipo de crisis que llamen al patriotismo alrededor de un conflicto externo es muy grande”, indicó el experto. 

En ese punto, el analista señala que aunque la crisis permanecerá, por lo menos hasta época electoral, la mejor salida para el gobierno colombiano es mantener el nivel del conflicto con Venezuela y no permitir que escale. 

“El problema no se va a arreglar porque la necesidad política interna del gobierno de Venezuela de generar crisis en los momentos previos a las elecciones es muy grande. Entonces el gobierno debe evitar el agravamiento de esos efectos”, agregó Mejía. 

Sobre la participación de terceros y de organismos multilaterales, como es el caso de Unasur o la OEA, el analista no considera que tenga mayor alcance en cuanto al cierre de la frontera, por la ineficiencia de los mismos en otros conflictos previos en países de la región. 

“En este caso si la situación se deteriora, sería bienvenida una intervención del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas, porque creo que más allá de la tensión política lo importante aquí es la situación de las personas que han sido deportadas”, concluyó. 

Mientras tanto, para presionar un avance en el diálogo, otros sectores políticos ya proponen congelar los activos económicos del gobierno de Venezuela para evitar que haya violaciones a los derechos humanos de los deportados. 

NO SE SOLUCIONARÁ PRONTO 

Sin embargo, de acuerdo con un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, las medidas tomadas por el gobierno venezolano podrían resultar convenientes para el contexto político actual. 

El documento del Cerac explica que Maduro pretende frenar el desabastecimiento y mantener los subsidios y el control en los precios de los alimentos, mientras que en el caso colombiano el cierre traería consecuencias económicas positivas, al evitar que las poblaciones fronterizas se aprovechen del diferencial cambiario de la moneda venezolana. 

“Esto podría contribuir a disminuir el contrabando, que es el principal flujo de mercancías en la zona”, señala el texto, aun así aclara que “las consecuencias económicas del cierre no generarían grandes beneficios si se compara con las problemáticas sociales que causa”. 

El próximo 3 de septiembre se realizará la reunión extraordinaria de cancilleres de la Unasur, mientras tanto la OEA decidirá la fecha de un encuentro similar para exponer el caso de los deportados colombianos. 

Sin embargo, el país deberá confiar en el derecho internacional para garantizar tanto el respeto de su territorio, como el de los derechos de los más de mil connacionales que, como advirtió el presidente Santos, "creyeron vivir en suelo amigo" y ante intereses políticos, hoy sufren las consecuencias de las decisiones unilaterales de Nicolás Maduro.

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