Cocaína, además de legalizarse también se debería gravar según director de la Dian

Esta semana el presidente Gustavo Petro resaltó un artículo de The Economist en el que sobresale "es hora de legalizar la cocaína", de hecho, la publicación británica pone como ejemplo que "Petro ha sugerido alejar a la policía de los cultivadores de coca al despenalizar la producción de hoja de coca y permitir que los colombianos consuman cocaína de manera segura". Incluso califican como "estas son buenas ideas, pero las bandas de cocaína seguirán siendo poderosas mientras su producto sea ilegal en los países ricos que consumen la mayor parte, como Estados Unidos".

Ahora, además de que la posición del Gobierno Petro es clara en cuanto a proponer un cambio en la lucha contra el narcotráfico, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes insistió en un beneficio de legalizar la droga. Desde su cuenta de Twitter dijo "Hay que legalizar (y gravar) la cocaína".

Precisamente, el funcionario ha mostrado en otras ocasiones que el efecto de legalizar la cocaína tendría un impacto no solo social sino fiscal, porque detrás hay multimillonarias cifras en movimientos. The Economist recuerda que "la producción mundial alcanzó un récord de 1.982 toneladas en 2020, según los últimos datos, aunque es probable que sea una subestimación. Ese récord es a pesar de décadas de esfuerzos extenuantes y costosos para cortar el suministro. Entre 2000 y 2020, Estados Unidos invirtió US$10.000 millones en Colombia para suprimir la producción, pagando a las fuerzas armadas locales para rociar las plantaciones de coca con herbicida desde el aire o para arrancar arbustos a mano. En vano: cuando se erradica la coca de una ladera, se traslada a otra".

Según datos suministrados por la Policía Nacional, la comercialización de un kilo de cocaína en el país se puede dar por cerca de US$1.225, lo que, a cambio de hoy, representaría más o menos unos $5,5 millones. De esta manera, y suponiendo que se produce y comercializa el total de lo que afirma la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (Ondcp, por sus siglas en inglés), la cocaína habría movido entre $5 y $6 billones el año pasado.

¿Qué tanta droga se produce?
En el informe que publicó la Ondcp a mediado de año, se pudo constatar que para 2021, en el país había alrededor de 234.000 hectáreas plantadas con este cultivo ilícito, una reducción de 4,7% frente a 2020. En cuanto a la producción potencial de clorhidrato de cocaína, se estimó en 972 toneladas (2,2% menos que el año anterior). Gracias a eso Colombia hoy es el principal productor del narcótico y de hecho es responsable según algunos datos entre distintas entidades de por lo menos 50% del suministro global.

Más dientes contra evasores
Desde que Reyes asumió como director de la Dian, uno de sus claros mensajes ha sido darle más dientes a la Dian para que pueda controlar con más fuerza la evasión. De hecho hoy está detrás del proyecto que busca la cárcel para los evasores, en Twitter también mencionó que "hay que penalizar a los evasores VIP, que año a año le cuestan al Estado entre $40 y $80 billones que deberían irse a educación, salud, infraestructura y bienes públicos. Como están las cosas, en Colombia no habríamos cogido a Al Capone ni por traqueto ni por evasor".

Su comentario va de la mano con la misma legislación que hoy es criticada. Por impresionante que parece, evadir el impuesto de renta para que sea considerado como delito necesita que sea por más de $250 millones. Y en la práctica no hay cárcel, solo intereses y multa.

En el Congreso se estudia si una persona se puede librar con una multa si aplica prácticas como ocultarle al Estado que tiene cierto patrimonio, además que invente que tiene deudas de $1.000 millones. También si podría librarse de la cárcel si debe pagar $100 millones en impuestos y no lo hace. De hecho la propuesta es que los evasores puedan evitar ir a presos siempre y cuando paguen lo que deben más intereses. En el legislativo también se revisa si irían a la cárcel los evasores que incurran en la práctica nuevamente, durante los cinco años siguientes a cuando se descubrió el fraude al fisco.