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La Carf prevé un desajuste fiscal de $10 billones respecto al plan financiero que propuso el Ministerio de Hacienda
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El Comité autónomo de Regla Fiscal señaló que el plan financiero del Gobierno indica incumplimiento de $10 billones en la meta
Continúan las alertas por el cumplimiento de la regla fiscal este año, luego de que el que Ministerio de Hacienda elevara la proyección del déficit de 4,2% del PIB en 2023 a 5,3% en 2024.
El turno ahora fue para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que señaló en su pronunciamiento No. 10 sobre el Plan Financiero que en el escenario presentado por el Gobierno “no se estaría dando cumplimiento a la regla fiscal”.
Las advertencias de Carf se suman a otras que han venido haciendo tanto las calificadoras de riesgo, como Moody’s, S&P, así como el Fondo Monetario Internacional, y, recientemente, el Banco de Bogotá, que ven con preocupación el nivel de gasto del Gobierno y su fuente de ingresos.
En este último punto, Carf dijo que el escenario del MinHacienda en el que incluye $10 billones por arbitramento de litigios como ingreso en el Plan Financiero para 2024, no sería prudente, ya que el comité considera que estos recursos son ingresos no estructurales, porque resultan de una desacumulación de un activo contingente y que, por tanto, no deberían programarse para financiar gasto estructural.
“Hay que dejar de seguir considerando los ingresos de arbitramento de litigios como ingresos estructurales, pues no lo son, y con ello financiar gasto recurrente”.
“El Gobierno sí debería tratar de, quizás, reorganizar un poco sus números con tal de cumplir con la regla fiscal, que al final del día se trata de una ley”.
“Es como si financiara gastos permanentes en mi casa con un ingreso inesperado de un par de años, con el riesgo a futuro de montarme en un tren de gastos no pagables”, explicó el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda y de Comercio, José Manuel Restrepo.
“El gasto primario del país se ha elevado desde 2023 de forma excesiva y 2024 parece un año con nivel de gastos primarios en relación con el PIB como si tuviésemos una pandemia (no se entiende tanto nivel de gasto primario)”, agregó.
El Carf también dijo que este año se interrumpirá la tendencia de disminución de los déficits del Gobierno que se traía desde 2020.
Antes de Carf, otras autoridades en análisis económicos venían lanzando alertas por el gasto que plantea el Gobierno.
S&P Global aseguró a principios de este año, cuando rebajó la perspectiva de la calificación crediticia del país de estable a negativo. Según el documento, esta revisión de la calificación soberana podría ocurrir en los próximos dos años, en caso de que el Gobierno no pueda ajustar sus cuentas fiscales y se evidencie un menor crecimiento.
Moody’s Investors Service también viene monitoreando de cerca cómo el empeoramiento de la situación fiscal de Colombia afectará su sostenibilidad a largo plazo después de que el Gobierno dijera que su déficit presupuestario y su deuda se ampliarán este año.
Señaló que el margen de maniobra de Colombia es “muy reducido” en caso de que el Gobierno enfrente un impacto como menores ingresos fiscales o un mayor gasto inesperado.
El FMI fue de los primeros en pronunciarse sobre el Plan Financiero. Aunque observó con buenos ojos el fortalecimiento de las finanzas públicas en 2023, como con la eliminación de los subsidios a la gasolina, dijo que “los aumentos previstos en el déficit y la deuda general este año plantean riesgos fiscales”.
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