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Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.
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El gremio constructor subraya que este decreto presidencial busca avanzar en reformas estructurales, a pesar de que la iniciativa ya había sido negada previamente por el Congreso
La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, emitió un comunicado en el que expresa su "profunda preocupación" por los riesgos tanto institucionales como económicos que se derivarían de la reciente convocatoria a una consulta popular anunciada por el presidente de la República.
El gremio constructor subraya que este decreto presidencial busca avanzar en reformas estructurales, a pesar de que la iniciativa ya había sido negada previamente por el Congreso, al seguir el procedimiento establecido en la Constitución.
Desde la perspectiva de Camacol, la decisión de actuar "al margen del Congreso y del orden constitucional" constituye una seria amenaza para la estabilidad del país. El gremio constructor advirtió que esta medida vulnera el principio fundamental de separación de poderes, al consagrar en el artículo 113 de la Carta Magna, y pone en jaque los fundamentos del Estado Social de Derecho en Colombia.
En su comunicado, la organización gremial recordó las obligaciones del primer mandatario, quien como "Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, tiene el deber ineludible de actuar dentro del marco de competencias" y procedimientos que le dictan la Constitución y la ley.
Según Camacol, el único fin de su investidura debe ser asegurar a los colombianos mejores condiciones "dentro de un marco jurídico que garantice el debido proceso, la confianza legítima y la institucionalidad".
Ante este panorama, el sector de la construcción hizo un llamado explícito a las altas cortes. "Hacemos un llamado a la Corte Constitucional y a la Rama Judicial en su conjunto para que, en estricto apego al marco legal vigente, garanticen el respeto a la Constitución y los mecanismos establecidos para la toma de decisiones del Estado", señaló la agremiación en su comunicación oficial.
Camacol, como representante de una de las cadenas productivas más importantes para la economía nacional, fue enfática en la conexión entre estabilidad jurídica y prosperidad. El gremio reafirmó que la "salvaguarda de la Constitución es condición esencial para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento social y económico". Proteger la institucionalidad, afirmaron, es proteger de forma directa el bienestar de todos los ciudadanos.
Camacol, en el comunicado, aseguró que "el camino de la confrontación política y el desconocimiento de los principios en que se funda Colombia como estado social de derecho, solo debilita la confianza en el país". Esta situación, concluye el gremio, deteriora la capacidad de la nación para avanzar hacia una agenda de bienestar colectivo y desarrollo sostenible.
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