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Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, entidad que advirtió que liquidar EPS no soluciona el acceso a la salud.
A poco más de un mes de la emergencia, solo Comfamiliar Risaralda y Comfandi habían movilizado más de $40.500 millones en distintas medidas por el terremoto
Asocajas informó que las cajas de compensación familiar podrán movilizar hasta $550.000 millones para apoyar la recuperación de las familias y los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, a partir de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional en los Decretos 1417 y 1422 de 2026.
De acuerdo con estimaciones del gremio, los recursos disponibles alcanzarían cerca de $90.000 millones a través del Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección al Cesante en Colombia, Fosfec, administrado por las cajas para financiar la protección al cesante y otros servicios asociados al empleo. A esto se sumarían entre $370.000 millones y $460.000 millones mediante el Fondo de Vivienda de Interés Social, Fovis, destinado al subsidio familiar de vivienda.
"Estos recursos permitirán concentrar la contribución del sistema en dos necesidades fundamentales para los hogares damnificados: la protección económica de trabajadores cesantes y las soluciones de vivienda", explicó Asocajas en un comunicado.
El gremio también informó que esta etapa se suma a otros avances que han realizado las cajas de compensación desde que ocurrió el terremoto el pasado 10 de agosto. A poco más de un mes de la emergencia, solo Comfamiliar Risaralda y Comfandi habían movilizado más de $40.500 millones en distintas medidas para apoyar a las familias afectadas.
Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, dijo que estas decisiones abren nuevas posibilidades para esta etapa de recuperación: un ingreso temporal para quienes están cesantes y recursos para quienes necesitan reparar su vivienda, encontrar una solución habitacional o contar con apoyo para el arrendamiento mientras avanzan en su recuperación. “Desde las cajas contribuiremos a su implementación con nuestra capacidad y presencia territorial, sin perder de vista los compromisos con nuestros afiliados”.
El gremio aseguró que el Decreto 1417 crea una protección económica extraordinaria para los trabajadores cesantes damnificados por el terremoto, operada por las cajas. Esto significa que una persona desempleada e incluida en el Registro Único de Damnificados podrá solicitar una protección económica equivalente a medio salario mínimo de 2026 ($875.452), siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
"El apoyo se entregará en dos pagos mensuales. Para acceder, la persona deberá ser mayor de edad, estar cesante y haber realizado aportes a una caja durante al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto", dijo.
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La organización agrupa federaciones de campesinos, transportadores de carga, trabajadores informales y de plataformas digitales