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Luego de que el procurador General, Alejandro Ordóñez, anunciara la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años al superintendente financiero, Gerardo Alfredo Hernández, por omisión en sus funciones en el caso InterBolsa, el ministerio público dio a conocer las razones que sustentaron esa determinación.
Según el procurador, el descalabro de Interbolsa, que llevó a que se tomara acción sobre ésta, se evidenció porque la Comisionista incumplió una de sus obligaciones con el Banco BBVA por un valor de $20.000 millones.
Para el momento de su intervención, en noviembre de 2012, esa entidad contaba, según la Procuraduría, con una participación cercana a 25% respecto del volumen de negociación de deuda pública y privada, acciones y derivados en el mercado de valores local y representaba 32% de los activos de las 29 comisionistas de bolsa que operaban en el país.
De acuerdo con la Procuraduría, la iliquidez de Interbolsa se originó en la posición de privilegio que ostentaba la firma Comisionista Interbolsa en el mercado de valores y la participación del inversionista, hoy investigado penalmente, Alessandro Corridori que, en palabras del Ministerio Público, lideraba "un grupo de amigos" que realizaron la denominada "Operación Fabricato".
La "Operación Fabricato", señaló el procurador Alejandro Ordóñez, fue orquestada por los amigos de Corridori, junto con la Comisionista Interbolsa, debido a que la textilera no contaba con dueño controlante y que tenía su capital accionario disperso ente miles de accionistas, lo que permitía que las acciones se pudieran comprar de forma paulatina. "Era presa fácil", dijo Ordóñez.
Esa estrategia, acompañada con el delito de manipulación de especies para aumentar artificialmente el valor de la empresa, se hizo para obtener mayor liquidez por las operaciones y para poder venderlas a un tercero a un precio mucho más alto.
De acuerdo con la Procuraduría, para el éxito de esta operación se burlaron los procedimientos legales que rigen el mercado de valores y se involucraron recursos de los colombianos que terminaron financiando, sin saberlo, estas operaciones ilegales.
Esto inició en el primer semestre de 2010 y se adelantó hasta finales de 2011 por "el grupo de amigos de Corridori" que aumentaron de manera exponencial su participación en Fabricato, gracias "al determinante apoyo de Interbolsa", según el Procurador.
Ese respaldo se vio concretado en que Interbolsa implementó una modalidad de apoyo a los inversionistas involucrando a Interbolsa SAI en mayo de 2011 que prestó dineros de la cartera colectiva al "grupo de amigos de Corridori" para la compra de acciones de Fabricato por un valor cercano a los $106.000 millones. "Esa operación de préstamos era prohibida, más cuando el grupo de amigos de Alessandro Corridori, no contaba con el patrimonio necesario para honrar la obligación".
Igualmente, el apoyo de Interbolsa se dio a través de Interbolsa Hold en Luxemburgo que estructuró una emisión de valor cuyo recaudo destinado para darle liquidez a la "Operación Fabricato" y a través de Interbolsa Comisionista que "apalancó" las operaciones de contado que se hacían con la acción de Fabricato a pesar de la iliquidez de sus inversionistas.
Para poder tener liquidez, se hacían operaciones reporto o repos que alcanzaron a llegar a $300.000 millones para octubre de 2012. Ahora, el pago de la operación de retorno de esos repos estaba garantizada por la propia Comisionista y como Corridori y sus amigos no respondían, se seguía aumentando el riesgo y haciendo nuevas operaciones repos.
De acuerdo con la Procuraduría, al mismo tiempo al aumento de los repos, Corridori y sus amigos también se encargaron de aumentar el valor de la acción de Fabricato que llevó a que en 2011 ésta fuera la más valorizada con un 214,12 %. Entre tanto, los repos en 2011 y 2012 sobre Fabricato crecieron 1.032% y 1.600% respectivamente, según la Procuraduría.
"Porcentajes que representan el aumento en número de accionistas colombianos que proporcionaban liquidez, convencidos erróneamente de que tenían como saldo una acción con excelente valoración", señaló el Procurador.
Esta operación siguió hasta 2012 cuando ya el mercado empezó a dudar de lo que sucedía en Fabricato y las acciones se tornaron para ocultar la operación, dejando finalmente a la Comisionista Interbolsa sin fondos afectando a los inversionistas que de buena fe invirtieron sus recursos y ahorros, engañados por la comisionista más grande del país, y que ahora "se enfrentan a la perdida real de su patrimonio".
Hay lugar a demandas
El fallo de la Procuraduría General de la Nación que sanciona con 12 años de inhabilidad al superintendente financiero abre la puerta para que los inversionistas que perdieron su dinero puedan demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa por omisión del Estado.
Expertos consultados por Colprensa explicaron que la demanda procedía incluso antes del fallo de la Procuraduría y se trata de una acción de reparación directa por omisión grave de la función pública de inspección y vigilancia en el sector financiero.
De acuerdo con el expresidente Consejo de Estado, Rafael Ostau de la Font, esta acción se podía presentar antes de este fallo pero la determinación "se convierte en una fuente probatoria de la Omisión del Estado en cabeza de la Superintendencia Financiera".
Así, el inversionista puede pretender recuperar el valor del dinero invertido en Interbolsa, cosa que dependerá de la valoración que haga un juez contencioso administrativo sobre hasta dónde llegó la omisión del Estado.
Cronología del proceso en la Procuraduría
- 6 de diciembre de 2012
Asume en única instancia el conocimiento de la investigación.
- 27 de febrero de 2013
Apertura investigación disciplinaria.
- 4 de junio de 2013
Pliego de cargos en contra de los funcionarios de la Superintendencia Financiera.
Entre los cinco ejes fundamentales propuestos está impulsar proyectos de interés nacional para incrementar la producción y las reservas
En entrevista con La FM de RCN, el exministro Mauricio Cárdenas, aseguró que el Emisor tenía espacio para un mayor recorte
Entre los trámites a discutir se destaca una nueva emisión de bonos por US$6.800 millones., También un nuevo cupo con multilaterales