Anif alerta que necesidades de financiamiento se duplican y llegan a $266 billones

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El proyecto de PGN 2027 radicado por el Ministerio de Hacienda no solo fue $59,3 billones más alto que el presentado por la administración anterior, sino que también cambió radicalmente el panorama fiscal con el que el gobierno debe hacer cuentas el próximo año y todo el cuatrienio. En línea con el "ejercicio de sinceramiento" de la cartera económica, el déficit fiscal estimado subió de 5,3% a 7,2% del PIB, un escenario alineado con un déficit primario de 3,3% de PIB y un recorte en gasto primario de $21,9 billones.

De no llevarse a cabo el ajuste fiscal, el déficit primario podría subir a 4,4% del PIB y el fiscal ascendería a 8,2% del PIB, consolidándose como los niveles más altos registrados en la historia del país.

El mayor ajuste está en la actualización del Plan Financiero. Según Anif, "el deterioro del balance primario, -de -0,5% a -4,5% del PIB, explica la mayor parte del déficit total, y el gobierno actual lo atribuye principalmente a la exclusión de los $30,2 billones de ingresos tributarios contingentes y al reconocimiento de obligaciones de gasto en salud, pensiones, y en el Fepc. El grueso del sinceramiento no viene únicamente del costo de la deuda, sino de una mayor necesidad fiscal antes de intereses".

A causa de este deterioro, las necesidades de financiamiento se duplicaron de $130 billones a $266 billones, a causa de mal balance primario que representa alrededor de 80% del aumento del déficit que se debe financiar. "En ese sentido, se incluye un aumento de $61,8 billones en fuentes externas de financiamiento y $66,8 billones en fuentes de financiamiento interno, lo que en conjunto resultan en un aumento de la deuda neta del GNC desde 58,9% estimado en el Mfmp 2026 hasta 66,2% del PIB en 2027", agregó.

Como resultado, Anif reveló que el viernes, después de conocido el PGN y los ejes del ajuste fiscal al que apunta el gobierno, el mercado de deuda pública se desvalorizó 25 puntos básicos en promedio, mostrando desvalorizaciones de 2036, 2032 y 2050, con variaciones de 35 pbs, 41 pbs y 35 pbs, respectivamente, causado por una mayor oferta de deuda el otro año.

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A su vez, la tasa de cambio registró una depreciación significativa de 2,26% durante la jornada, con un máximo de $3.225, pese a que luego retomó su senda a la baja y se desvalorizó 1,52% hasta $3.201.

Sobre los cambios efectuados en el más reciente documento, el centro de pensamiento explicó que el aumento de $59,3 billones no es de gasto generalizado, sino que "corresponde en 61% a mayor servicio de la deuda y 42% al reconocimiento de obligaciones de funcionamiento preexistentes, tales como transferencias y pensiones".

El desagregado muestra una reducción de $3 billones en inversión pública y un alza de $24,9 billones en los gastos de funcionamiento, de los cuales $20,3 billones representan mayores transferencias y $4,5 billones más gasto de personal. Sobre el primer monto, Anif detalló que $6,5 billones son de obligaciones pensionales, "un hecho coherente con el reconocimiento explícito de que cerca de 90.000 personas se pensionan cada año".

De otro lado, del total asignado a servicio de deuda, aproximadamente 82% son mayores amortizaciones y pagos que no estaban contemplados en el proyecto anterior y que "justificarían la necesidad explícita del gobierno de realizar rollover de la totalidad de las amortizaciones de deuda pública contratada a la fecha".

"Con este sinceramiento, el mayor gasto no se financiaría de mayor recaudo tributario. Los ingresos corrientes de la Nación se redujeron $10,7 billones, en gran medida porque la reformulación excluye $30,2 billones de ingresos tributarios contingentes, que, en julio, dependían de un proyecto de ley
de financiamiento que el Congreso no tramitó", agregó el centro de pensamiento.

En contraste, advirtió que los recursos de capital subieron de $187,5 billones a $287,7 billones, lo que representó un incremento de 53,4%, impulsado por una adición al crédito interno de $58,9 billones y al crédito externo de $54,2 billones. "En su margen, el nuevo PGN 2027 fue un sinceramiento que implicó un presupuesto financiado con mayor deuda", recalcó.

A nivel sectorial, Anif precisó que la recomposición es todavía más marcada, especialmente por mayores apropiaciones en gasto de funcionamiento: $14,3 billones para el Fepc y $700.000 millones para el sector transporte; mientras que hubo recortes de $1,9 billones para inclusión social, $0,5 billones para trabajo, $300.000 millones para educación, $200.000 millones para agricultura y $200.000 millones para salud.

Pese esto, el gobierno anunció que tendrá que hacer un esfuerzo de austeridad por hasta $17,4 billones en rubros como la adquisición de bienes, otras transferencias e inversión, con rebajas por $2,8 billones, $11,9 bollones y $2,5 billones, respectivamente, atribuidas al recorte de proyectos que no eran prioritarios.

Además del esfuerzo en austeridad, el Ejecutivo informó que presentará una Ley de Ajuste Fiscal, con la que buscará reducir el déficit primario del próximo año en 2,2 puntos porcentuales y cerca de $45 billones. De ejecutarse, el déficit total caería de 9,4% a 7,2% del PIB, al mismo tiempo que el primario descendería de 4,5% a 2,3% del PIB y el endeudamiento se estabilizaría en torno a 64,8% del PIB a cierre del cuatrienio.

No obstante, Anif señaló que este escenario supone que la nueva ley fije un periodo de convergencia más largo hacia la regla fiscal, pues, según sus estimaciones, "bajo los supuestos presentados por el nuevo ministro de Hacienda, las TUV (Transacciones de Única Vez) permitidas en 2026 y 2027 serían de apenas 0,1% del PIB cada año (cerca de $2 billones), mientras que el mayor nivel de deuda reduce el espacio de déficit permitido por la regla fiscal".

"Manteniendo los supuestos del Mfmp 2026 sobre los ciclos económico y petrolero entre 2028 y 2030, la convergencia hacia el cumplimiento de la regla fiscal requeriría un periodo de transición adicional que claramente se extendería durante todo el actual gobierno", enfatizó.

De esa forma, el centro de pensamiento recalcó que se deben fortalecer los mecanismos de transparencia, consistencia y trazabilidad de las finanzas públicas porque, más que responder a las prioridades del gobierno de turno, el presupuesto debe ser una herramienta de política de Estado. "Esto resulta fundamental no solo para fortalecer la rendición de cuentas, sino también para preservar la credibilidad de la política fiscal y reducir la incertidumbre de los agentes económicos ante cambios de administración", dijo.