Análisis de demandas contra la venta de Isagen puede tardar entre dos y cinco años

Sin embargo, ante estas críticas el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, parece optimista, ya que espera  “que el Consejo de Estado tome una decisión a la mayor brevededad”, teniendo en cuenta que “la búsqueda de esos recursos son fundamentales para la generación de empleo en Colombia” y que no se está poniendo en riesgo el interés público.  

Y esto podría ser cierto, si la decisión judicial respecto a la acción de suplica, que debería demorarse 10 o 15 días únicamente, se resuelve a favor de Gobierno.  

Sin embargo, el proceso podría dilatarse y puede terminar demorándose hasta 5 años, explican algunos abogados expertos. Según Ramiro Bejarano, abogado especialista en derecho procesal, en la actualidad el Estado “no tienen sino la posibilidad de interponer el recurso de suplica, para que el resto de los magistrados lo analicen. Pero frente ese auto no hay ninguna otra opción”. Después, “si este recurso de suplica no prospera, entonces el proceso de acción popular debe seguir y deben practicarse las pruebas, luego vendría la conclusión y luego un fallo donde se decide si evidentemente hay lugar o no  a declarar si se está violando un interés y derecho colectivo”. 

Esto, de acuerdo con la ley, debería decidirse muy rápido, no más de un mes y medio o dos meses, pero “el Consejo de Estado hace mucho tiempo que no cumple sus términos y normalmente se están demorando más de un año o dos”, concluye Bejarano.  

Respecto al tema, el Consejo Gremial explicó su posición y su vicepresidente, Javier Díaz, comentó que “apoya la enajenación de las acciones que la Nación tiene ya que es una operación conveniente para el país en la medida que se destinen de manera exclusiva al desarrollo de la infraestructura que se requiere. Frente a las medida cautelares, decretadas respetamos la decisión, pero esperamos que rápidamente se pueda demostrar que esta operación no causa un daño a los intereses públicos y que se retome la operación y sea exitosa.  

Adicionalmente, el presidente Juan Manuel Santos realizó un llamado a sus ministros para que hagan una pedagogía nacional que logre explicar los beneficios que traerán para el país la venta de la empresa. No obstante, lo que queda en veremos, como explica el exministro de Minas Amylkar Acosta, es la posibilidad de que las empresas continúen con su interés, ya que el proceso “dificulta cada vez más las posibilidades de que se pueda colocar esas acciones a los oferentes y a un buen precio”. 

Acción de la energética, la que más cayó con 9,6%
Las medidas que tomó el Consejo de Estado terminaron afectando fuertemente la acción de la compañía, la cual presentó las mayores pérdidas en la sesión de ayer de la Bolsa de Valores de Colombia, con una variación negativa de 9,69%, y cerrando en $3.030.  Por otra parte, vale la pena recordar que las tres compañías que se presentaron y que ya habían pagado una garantía para estar en el proceso, pueden retirarse en cualquier momento de la puja y esto dejaría al Estado con un valor mucho menor al que podría estar esperando por la empresa. 

La opinión

Amylkar acosta
Director ejecutivo Federación de Departamentos
“Lo discutible es la financiación. No vender no tiene por qué comprometer la ejecución de las 4G”.