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Con suficiencia, se conoce en la región así como en Colombia, el grave problema del desempleo. Los indicadores macroeconómicos señalan a esta variable como el 'coco' a vencer.
Recordemos: el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) lo ubica con el 10.8%, cifra aún alta para la región ocupando el segundo lugar después de Jamaica pese al buen desempeño de las economías latinoamericanas. Además, el mercado laboral presenta fuertes vicios de informalidad que ronda el 57%.
Ante tal panorama pensemos en algunas alternativas de su paliación. Por ejemplo, el Banco de oficios, esta iniciativa intenta ser radicada más temprano que nunca, ante el Congreso de la República para sus correspondientes debates y posterior aprobación. Veamos en qué consiste. En primera instancia, el Estado colombiano garante de los derechos y deberes que lo obligan, exige el planteamiento de políticas económicas basadas en el incentivo, generación y programas de mitigación del desempleo.
Apoyado por el reciente refundado Ministerio de Trabajo y del Empleo, se debería contemplar una agenda de creación, consolidación y continuación de empleo. Esta agenda debe ser integral, en el sentido de recoger en ella a ciudadanos víctimas de la exclusión, la discriminación, desigualdad y desplazamiento forzado ocasionado tanto por el conflicto armado, así como por los desastres naturales y víctimas de las 'pirámides'.
El Banco de oficios por lo tanto, recogerá las personas vulnerables que, dadas sus situaciones, incursionan en actividades informales, ilegales e indignas. Su accionar se enmarca en 'certificar' en artes y oficios a los individuos que cuenten con algún tipo de destreza o cualificación laboral contribuyendo al desarrollo de las potencialidades de la persona.
La ejecución de los oficios, profesiones y técnicas se podrían integrar mediante alianzas estratégicas o convenios interinstitucionales con instituciones educativas reconocidas a nivel nacional tales como la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y otros centros educativos regionales con el fin de garantizar la enseñanza, actualización, valoración y certificación de los oficios, las artes, las técnicas y profesionalidad de las actividades a que se dedican los miembros que componen la población afectada objeto del programa.
De esta forma, se garantiza su viabilidad a través de la selección y evaluación del mismo. Otras entidades como por ejemplo el Observatorio laboral para la educación del Ministerio de Educación, y el Sena, conformarían una base sólida y trasparente de selección intermediación y evaluación del programa.
Se pensaría también en el papel de los incentivos. La incorporación de la empresa privada en la promoción del primer empleo -como por ejemplo en la contratación regional en obras de infraestructura en zonas apartadas del país-, así como otros incentivos tributarios las convierte en agentes activos y propositivos en torno al sensible tema laboral y de responsabilidad social.
Ante este panorama, la sugerencia es que sigamos pues, en la discusión propositiva de alternativas ante los problemas de todos los colombianos.
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