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Frank Pearl, presidente de la ACP
Según explicó el gremio, la situación se originó por reclamaciones impulsadas por integrantes del sector metalmecánico relacionadas con condiciones económicas extralegales
El cese de actividades que afecta algunas operaciones petroleras en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, ya completa más de 25 días y comienza a generar preocupación entre las empresas del sector por sus efectos sobre el empleo, la ejecución de proyectos y la actividad económica de la región. Así lo advirtió la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, que pidió acelerar una salida concertada al conflicto.
Según explicó el gremio, la situación se originó por reclamaciones impulsadas por integrantes del sector metalmecánico relacionadas con condiciones económicas extralegales, lo que "ha provocado retrasos en actividades de mantenimiento, adecuación de infraestructura, construcción de facilidades, perforación y producción de hidrocarburos",
La ACP señaló que la prolongación del cese también está afectando la cadena de empresas contratistas, la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos considerados estratégicos para la industria, además de generar impactos sobre el empleo y la economía regional.
El gremio dijo que las condiciones laborales, contractuales y comerciales deben definirse dentro del marco legal y respetando la autonomía de las empresas y las particularidades operativas de cada compañía. La entidadseñaló que cualquier acuerdo debe "equilibrar la protección de los derechos de los trabajadores con la viabilidad de las operaciones y la continuidad de los proyectos de inversión".
La asociación también aseguró que la industria de hidrocarburos es considerada una actividad de "utilidad pública e interés social" y afirmó que las afectaciones operativas van más allá de un conflicto entre particulares.
Finalmente, la ACP hizo un llamado a las partes involucradas para priorizar el diálogo y alcanzar una solución que permita reanudar las operaciones. Asimismo, pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre movilidad de personas y equipos, así como el normal desarrollo de las actividades productivas en la zona.
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