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ENERGÍA

Acolgen advirtió que el Estado debe más de $3 billones en energía y gas a empresas

jueves, 12 de marzo de 2026

Acolgen advirtió que el estado debe más de $3 billones en energía y gas a empresas

Foto: LR

La presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, precisó que este hecho pone en riesgo la prestación del servicio y podría generar alzas de 140% en las facturas

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, Natalia Gutiérrez, alertó sobre una billonaria deuda que el Estado tiene con las empresas del sector de energía y gas por cuenta de los subsidios aplicados a los recibos de colombianos en estado de vulnerabilidad, la cual podría generar incrementos de hasta 140% en las facturas.

La líder gremial explicó que este hecho pone en riesgo la prestación de estos servicios a millones de colombianos, debido a que "la falta de pago de compromisos por parte del Estado genera un hueco financiero que amenaza su continuidad".

Precisó que la raíz del problema radica en los subsidios o descuentos que las empresas han aplicado sobre los recibos de cobro de personas vulnerables "confiando en que el Estado los devolverá después"; no obstante, los recursos no están retornando.

"A enero de 2026, la deuda del Gobierno con las empresas ya suma $2,6 billones en energía y $1,04 billones en gas. Cada mes, esta cuenta crece alrededor de $410 mil millones adicionales", advirtió.

Gutiérrez indicó que, en la medida en que el Ejecutivo no cancela la deuda, el sistema se queda sin recursos para operar y recalcó que la responsabilidad de este problema no recae sobre las empresas, sino sobre el Estado "que pone en riesgo que la luz y el gas sigan llegando a los hogares. Este hecho generaría, entre otras cosas, que las facturas de los usuarios puedan subir hasta 140%.

Pero no solo eso. La presidenta de Acolgen también aseguró que existen saldos pendientes por los alivios que se otorgaron en pandemia, bajo el modelo de opción tarifaria, los cuales suman alrededor de $2,2 billones, a los cuales se suman otros $1,4 billones que entidades públicas deben por servicios ya consumidos.

"El impacto es real: si el Estado no se pone al día, se hace insostenible mantener los descuentos que hoy alivian el bolsillo de las familias. Proteger esos beneficios requiere que los recursos fluyan a tiempo", agregó.

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